El 30 de diciembre, Alfredo Boccia publicó un artículo titulado Hay audios, pero falta un video. Se refería al video del helicóptero Robinson 44 que sobrevoló el campo de Marina Cué durante la masacre del 15 de junio de 2012 y filmó cómo fueron los acontecimientos.
Como señala Alfredo, esa filmación, que era una prueba fundamental, desapareció y por razones que no pueden considerarse casuales. La explicación oficial fue que la cámara estaba descompuesta; en tal caso, ¿pueden decirnos cuándo se la mandó a reparar? Tiene que haber una factura, porque ese es un trabajo delicado y que no lo puede hacer cualquiera.
Informándome en internet sobre las características del Robinson 44, me enteré de que el helicóptero tiene un mecanismo parecido al de un drone, que nos permite ver en un monitor lo que el drone “ve”. Parecido, pero más sofisticado, puesto que las cámaras del Robinson son utilizadas por algunas agencias de televisión para transmitir, en vivo y en directo, lo que está pasando. Lo que transmitió el Robinson de Marina Cué tuvo que haberlo visto más de un funcionario policial, sin que ninguno haya sido capaz de decirnos nada sobre el tema.
Pero debo explicar mi título, y es que no hubo un solo video desaparecido, sino tres más, con los que en total vienen a ser cuatro.
Los tres restantes fueron tomados, en tierra, por funcionarios del departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, según declaró en el juicio el oficial de policía Antonio A. Gaona; naturalmente, esos tres videos también habían desaparecido.
Filmar un operativo policial es una medida que se toma para probar que se procedió de acuerdo con lo que manda la ley.
Eso es lo que las fuerzas policiales habían decidido hacer en Marina Cué donde, inesperadamente, se produjo el hecho de sangre. Los campesinos, que tenían el apoyo del Indert para ocupar un terreno fiscal cuya titulación se requería en la justicia (fuero civil), no tenían ni podían tener ningún interés en asesinar policías, sabiendo que la reacción policial iba a ser muy severa y estaban en inferioridad de condiciones.
Había entre 40 y 50 campesinos en el lugar, intervenido por unos 400 efectivos policiales. Por otra parte, con una acción violenta, los campesinos perdían el derecho a la posesión pacífica de Marina Cué, que era lo que querían.
¿Qué pasó entonces? Que campesinos y policías negociaban el desalojo cuando alguien disparó sobre el grupo. ¿Quién? Esto es lo que las autoridades judiciales del caso se negaron a investigar.
Existen indicios serios de la intervención de francotiradores, que el tribunal rechazó de plano, sin ningún fundamento racional. Ya es demasiado tarde para descubrir la verdad, debido a la incompetencia o parcialidad de las autoridades del caso.
Sin embargo, puede decirse que las pruebas esgrimidas contra los procesados no son pruebas según los principios básicos de la razón y el derecho. Las que hubieran podido ser pruebas, como las filmaciones, desaparecieron o se ignoraron; me llevaría demasiado espacio presentar una lista.
Por eso corresponde la casación, el recurso contra la confirmación de los despropósitos de primera instancia por la segunda instancia, la Cámara de Apelaciones.
