Liz Analía Acosta
@lizanaliapy
La ex fiscala especializada y ex viceministra de la Mujer, Liliana Zayas, contó en qué falla todavía el sistema de prevención de casos de violencia en Paraguay. Habló de que tenemos un avance normativo, pero que falta avanzar en políticas públicas y en la reeducación de una cultura que normaliza los hechos de violencia.
–Fueron más de 37.000 denuncias de violencia en el 2024. ¿Qué está pasando y qué está faltando?
–Haciendo un comparativo con las 10.000 que anteriormente eran en el año 2015, yo sigo sosteniendo que estas son cifras aproximadas de hechos de violencia contra las mujeres y entiendo que estas cifras del Ministerio Público no hablan solamente de violencia en el ámbito intrafamiliar, sino de otra forma de violencia que podrían ser la coacción sexual y violación, podría ser un abuso sexual en niñas, habla también del incumplimiento de deber legal alimentario, que si hilamos un poco fino, es una violencia económica.
Siempre digo que estas cifras son aproximadas y cuando leo que el 911 recibió más de 100 denuncias, yo digo: “Son las que se animaron a denunciar”. ¿Para qué nos sirven estas cifras? En primer lugar, para aceptar una realidad, respaldada en números, de la violencia que sufren las mujeres, que hoy por hoy, según el INE, somos prácticamente la mitad de la población de nuestro país y es una cifra que va en aumento.
¿Qué quiere decir? Que se visibiliza más la problemática y que las mujeres de nuestro país están entendiendo la problemática, tienen conocimiento, aunque no en su totalidad, de que existen leyes que las respaldan como la Ley 5777.
(Tenemos) un sistema de Justicia que está trabajando en la perspectiva de género, aunque todavía no se puede hablar de que hay una Justicia con perspectiva de género.
Se puede leer en las redes, cuando las mujeres dicen: “Hice todo lo que me dijeron, fui al Juzgado de Paz, fui a la Policía, tengo medidas de protección”. Sin embargo, tenemos cifras de mujeres víctimas de feminicidios que hicieron todo y, sin embargo, no llegó la ayuda antes.
Hay un cambio en los últimos 10 años o 15 años, de lo que es la normativa... Tenemos un avance normativo; ahora, contrariamente, no veo un crecimiento en lo que hace a la sociedad.
No veo una deconstrucción de lo que es la cultura de la violencia dirigida a las mujeres, una cultura que hasta hoy minimiza la violencia, subestima hechos de violencia, no cree que, cuando una mujer denuncia y no tiene ningún rasgo, no es violencia. Siguen buscando una violencia física y desconocen o desnaturalizan la violencia psicológica, que es aquella que deja las cicatrices más profundas.
–¿Qué se requiere para que se deje de normalizar estos hechos?
–Educación. La medida preventiva por excelencia es la educación. La educación en los hogares para empezar. Los padres deben estar comprometidos con una educación en igualdad para sus hijos. La educación en el sistema educativo, y este compromiso debe ser recíproco.
¿De qué nos sirve que en los colegios se hable, venga el hijo a la casa y diga: “hoy me dijeron que tengo que colaborar con el cuidado de la casa, que no es exclusivo de las mujeres”, y viene el padre y le dice: “Eso es una tontería, no hagas caso. Acá los hombres mandan”?
Cuando esa construcción que se pretende hacer entra por un lado y se descalifica y se la invalida por otro lado, entonces es importante el compromiso de los padres desde los hogares. Esta no es una cuestión banal, es cuestión de política pública del Estado.
El costo país, lo que le cuesta a la violencia doméstica al Estado paraguayo, tiene que ver con aproximadamente el 5.12 del producto interno bruto (PIB); es decir, si es una cuestión cultural que queremos minimizar, que nos importe la economía del país.
–¿En qué falla nuestro sistema de prevención?
–En primer lugar, en la normalización de la violencia. Se sigue normalizando la violencia contra las mujeres y estas cifras que recibimos que van en aumento son solamente un parámetro inicial de una violencia real que está instalada, normalizada y donde inclusive las propias víctimas pueden no darse cuenta o darse cuenta y no aceptarla por vergüenza, en vez de que el agresor sea quien tenga la vergüenza.
La denuncia sigue teniendo una ruta crítica para aquellas que tras reconocerse víctimas cumplen con estas campañas. Se acercan a hacer sus denuncias y empiezan un recorrido crítico al Juzgado de Paz, a la Policía Nacional o de ahí a la Fiscalía, donde tienen que revictimizarse, contando cada vez nuevamente el hecho que padeció, sin reconocer que no necesariamente es la primera vez que sucede, sino la primera vez que denuncia.
Otro problema es la valoración del riesgo. Si bien la valoración de riesgo está en todos los protocolos, no está siendo realizada como debiera ser. Inclusive, el Ministerio Público cuenta con el sistema de protección de testigos, cuando a raíz de esta valoración se tiene un riesgo alto.
Sin embargo, estamos viendo 31 víctimas de feminicidio (2024) y yo me pregunto, ¿Será que a todas ellas, de las que pudieron hacer una denuncia, le hicieron una valoración de riesgo y le dieron protección proporcional al riesgo que estaban padeciendo?
Estos son hechos que hay que investigar en las 48 horas. Si no, a raíz de la naturaleza, el hecho mismo que el autor es la pareja, la ex pareja, el padre de los hijos, hay dependencia económica, dependencia emocional, el entorno familiar se tiende a retractar.
La falta de capacitación hace una mala valoración de las normas y del riesgo y una omisión del riesgo que corre la mujer, entonces la Justicia está dividida.
Hay una capacitación permanente de funcionarios. Sin embargo, una de dos, o no alcanzó a todos la capacitación o estando capacitados deciden no actuar conforme a esa capacitación.
–¿Qué análisis merece el trabajo interinstitucional que se está teniendo sobre casos de violencia?
–El trabajo interinstitucional está instalado, porque existe la mesa de prevención a la violencia que lidera el Ministerio de la Mujer, donde participan muchas instituciones (15), inclusive, en la época que a mí me tocó invité a más instituciones, sobre la base de que todos debemos participar.
Hay un trabajo que sí o sí se está haciendo; sin embargo, la reacción de estas instituciones pareciera no coincidir con lo que se resuelven en esas mesas interinstitucionales.
Puede ser que realmente se reúnen, saquen protocolos. Ahora bien, me queda la duda de si los representantes de cada institución pueden generar esos cambios en sus propias instituciones, de manera tal que esos compromisos asumidos en las mesas de trabajo realmente lleguen a materializarse en cada institución.
Hay una necesidad de una Justicia especializada, eso vendría a marcar una diferencia en lo que hace a una justicia con todas las garantías.