El tribunal de sentencia, integrado por las juezas Cándida Fleitas, Elsa García y Ana Rodríguez Brozón, decidió otorgar la prisión domiciliaria al ex gobernador de Presidente Hayes, Óscar Ñoño Núñez. El también hermano de Basilio Bachi Núñez, presidente del Congreso Nacional, fue beneficiado con esa medida tras compurgar el mínimo de su condena de 11 años y presentar una fianza de aproximadamente G. 53.000 millones.
La abogada de Núñez, Josefina Aghemo, indicó en Monumental 1080 AM que las juezas consideraron el artículo 19 de la Constitución Nacional, sobre el compurgamiento de la pena mínima, y la fianza que ofrecieron, que se trata de unos inmuebles del astillero del que la familia Núñez forma parte. Se trata de una firma constituida en el 2015.
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Señaló que este mismo viernes podría estar ya en su residencia, pero tienen que firmar papeles, por lo que no pudo precisar cuándo estaría ahí.
Por su parte, el fiscal Luis Said sostuvo en la misma emisora que ya en anteriores ocasiones la Fiscalía se opuso a la prisión domiciliaria, y recordó que están esperando respuesta sobre una apelación de la sentencia, que aún no está firme. Debe ser estudiada en el Juzgado de Presidente Hayes.
Ñoño Núñez había sido condenado a 11 años de cárcel en diciembre del 2023 por lesión de confianza, administración en provecho propio, producción y uso de documentos no auténticos. Fue por un perjuicio superior a G. 42.500 millones (unos USD 5,7 millones) a la Gobernación de Presidente Hayes. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años.
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También fueron condenados su sucesor, Emigdio Benítez, a 7 años y 6 meses de cárcel, y la ex secretaria de Administración y Finanzas de la Gobernación, Nancy Núñez de Roussillon –quien es esposa de Rubén Rousillon, otro ex gobernador de Presidente Hayes– a 5 años, más inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 5 años.
Además de Edulfo Verón, ex secretario de Administración de la Gobernación de Presidente Hayes, a 6 años de cárcel más inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 5 años; y Raúl Delgado, funcionario de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), condenado como cómplice por lesión de confianza a 3 años de cárcel.