El gobierno brasileño tuvo así información anticipada sobre lo que plantearían nuestros negociadores en la álgida discusión bilateral sobre las tarifas de la energía de Itaipú. El ataque informático logró infiltrarse en los equipos de “cinco o seis” funcionarios y políticos paraguayos.
La estupefacción ante un dato de este calibre, que inevitablemente provocaría una crisis diplomática entre dos vecinos con relaciones tan fraternas como complicadas, explica que las reacciones iniciales fueran desafortunadas. Así, tanto el ministro de Relaciones Exteriores como el de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) minimizaron la noticia y optaron por enfatizar que no contaban con evidencias de que tal cosa hubiera ocurrido. Ambos dijeron que, de todos modos, investigarían la denuncia.
No tuvieron tiempo de hacerlo, pues el mismo día el Gobierno de Brasil admitió lo sucedido. Ahora ya no se trataba de un rumor de prensa, sino de un hecho oficial. Lula da Silva dejó en claro, sin embargo, que la operación fue planificada y ejecutada durante la administración de su predecesor, Jair Bolsonaro (2019-2022). Había comenzado en junio de 2022 y se cerró a fines de marzo del año siguiente, tres meses después de que Lula asumiera, “tan pronto como el nuevo gestor tuvo conocimiento del hecho”, según sostuvo la cancillería brasileña.
Para la ANR en general, un partido básicamente de una derecha muy conservadora, la revelación resultó incómoda. Bolsonaro siempre demostró una tierna amistad con Marito y el cartismo está, obviamente, mucho más alineado a él que a Lula. ¡Y resulta que el admirado amigo nos espiaba deslealmente! Eso no impidió que ambas facciones internas del mismo partido intentaran sacar provecho del inesperado conflicto.
Fue así como asistimos, una vez más, al teatro de abdistas y cartistas actuando como si fueran dos agrupaciones diferentes, acusándose de traidores e inútiles. Unos dicen que el gobierno de Abdo fue espiado durante nueve meses sin que hubiese una reacción, justo en el periodo en que se redujo la tarifa de Itaipú, causando una pérdida de 200 millones de dólares para el país. Los abdistas, por su parte, sostienen que el 14 de agosto de 2023, el día antes de la asunción de Santiago Peña, emitieron un decreto que advertía sobre el ciberataque brasileño al Paraguay. Sostienen que el nuevo gobierno tampoco hizo nada al respecto, recordando que la entonces jefa de Gabinete, Lea Giménez, calificó al decreto como “tonto y retonto”.
En fin, colorados actuando en Itaipú como casi siempre. Con discursos llenos de “soberanía” pero vacíos de patriotismo. Y culpándose unos a otros de ser vendepatrias, como si fueran de partidos antagónicos. Lo de siempre.
Luego del estupor inicial, sobrevino la constatación de que lo ocurrido era realmente delicado. Un Estado había infiltrado a su vecino, vulnerando brutalmente el derecho internacional. Consciente de que mostrar debilidad ante esta agresión golpearía la imagen del gobierno, el Gobierno respondió de modo enérgico. Los embajadores fueron llamados a conversar, se anunció la suspensión indefinida de las negociaciones sobre el Anexo C del tratado de Itaipú y se exigió al Brasil explicaciones sobre lo ocurrido.
Habrá que ver si no se le fue la mano. Santiago Peña, quien habla muy poco con medios paraguayos, se explayó, en una entrevista con Radio Mitre de Buenos Aires, sobre las viejas heridas que quedaron entre el Paraguay y Brasil tras la guerra de la Triple Alianza. Lo que parece, cuando menos, poco oportuno. Sobre todo, porque la decisión de suspender las tratativas sobre el Anexo C favorece mucho más al Brasil que al Paraguay.
Pero, por dignidad, hay que demostrar enojo. Aunque el espionaje haya sido ejercido por un amigo.
