La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) denunció ayer ante la Fiscalía los resultados del operativo denominado Facturación 2, donde se detectó un nuevo esquema de utilización masiva de facturas falsas por valor de G. 171.300 millones (USD 25 millones).
En conferencia de prensa, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, explicó los detalles que hacen a este caso y que afectan a 1 superproveedor, 16 otras grandes empresas y 100 pequeñas compañías. Estuvo acompañado del director de Grandes Contribuyentes, Juan Olmedo, y del investigador a cargo, Pedro Monges.
Como ya había adelantado ÚH días pasados, el operativo involucra a entidades públicas descentralizadas, quienes de los USD 25 millones utilizaron comprobantes apócrifos por G. 57.000 millones (USD 8,3 millones).
Como el proveedor de estas instituciones se dedica al rubro de la construcción, pero no fueron adquiridos un solo ladrillo ni se contrató a un solo obrero, la sospecha que tiene la Administración Tributaria es que las facturas falsas se usaron para justificar obras que nunca se hicieron, pero eso se hizo creer a los contribuyentes.
La utilización de estos documentos de contenido no auténtico data de los años 2018, 2019 y 2020. En total, son 1.607 los comprobantes apócrifos.
¿Quiénes son? De acuerdo con la investigación, los entes públicos involucrados son 17 municipios y 1 gobernación.
Se trata de las municipalidades de San Roque González, Ypacaraí, Mbuyapey, General Patricio Escobar, Mbocayaty Del Yhaguy, Yaguarón, Villeta, Tebicuarymí, Santa Rosa (Misiones), San Alberto, Pirayú, Juan De Mena, Jesús de Tavarangué, Guarambaré, Itauguá, Isla Pucú y Fernando de la Mora.
De estas 17, en 6 localidades fueron reelectos los intendentes salpicados por el caso: Óscar Alberto Alfonzo (ANR), de San Roque González; Fernando Negrete Caballero (PLRA), Ypacaraí; Luis Gilberto Rodríguez (PLRA), Yaguarón; Teodosio Romilio Gómez (PLRA), Villeta; Carlos Alberto Ramírez (ANR), de San Alberto; y Alcides Ramón Riveros (PLRA), Fernando de la Mora.
Por su parte, la gobernación afectada es Cordillera, cuya autoridad máxima es Hugo Fleitas (PLRA).
Informes. El subsecretario Orué adelantó ayer que, producto de este operativo, la SET decidió que desde enero del 2022 todas las municipalidades y gobernaciones serán agentes de información.
Esto quiere decir que estos entes van a tener que informar cada cierto tiempo todas sus compras, para evitar nuevos esquemas parecidos.
