A nivel país muestran una mayor densidad de población indígena los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón. Junto con Alto Paraguay suman poco más de 64.000 habitantes que cuentan con una protección especial de la legislación paraguaya y; sin embargo, viven en condiciones de extrema vulnerabilidad sin acceso al agua en temporadas de sequía.
En paralelo, los pueblos encaran una disputa por la defensa de sus territorios ancestrales frente a los empresarios que aprovechan la ausencia del sistema de Justicia para oprimirlos y explotar el suelo con un modelo agroganadero extractivista sin importar su efecto en la biodiversidad. De hecho, fueron ganaderos los responsables del inicio de los grandes incendios forestales que impactaron en el Monumento Natural Cerro Chovoreca, el año pasado.
Al momento de generalizar las responsabilidades, los ganaderos gritan con indignación, pero no con el mismo tono que a sus colegas infractores, en una especie de acuerdo cómplice.
Extrema necesidad. La falta de lluvias llevó al límite a las comunidades a mediados del 2024 y aunque partieron caravanas de camiones cargados con agua, la asistencia del Gobierno no fue suficiente, mucho menos en cuanto a la provisión de víveres.
Los vehículos no llegaban a los asentamientos que se encontraban en las profundidades del Chaco, donde los habitantes trataban de recuperar algo de agua del lodazal.
La Coordinadora de Líderes y Lideresas Indígenas del Bajo Chaco alertaba que los tajamares y aljibes estaban secos, pedían con desesperación un “auxilio humanitario”.
La situación de los pueblos indígenas en general es tan grave que Paraguay tuvo tres condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reparar los daños ocasionados a las comunidades Xákmok Kásek, Yakye Axa y Sawhoyamaxa. Las sentencias fueron cumplidas parcialmente.
Antigua promesa. Durante la breve presidencia de Federico Franco comenzó la construcción del acueducto, con el propósito de captar el agua del río Paraguay en Puerto Casado, Departamento de Alto Paraguay, para su tratamiento y distribución en las comunidades de Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Mariscal Estigarribia, de Boquerón.
La obra empezó a sembrar esperanza en la población, pero los trabajos avanzaban a cuenta gotas y recién luego de 8 años se habilitó la primera etapa, en el 2022 su ampliación. Pero las revisiones de las fallas mostraron problemas estructurales y el acueducto quedó inhabilitado hasta nuevo aviso.
El uso de diferentes tamaños de cañerías habrían contribuido a la frustración del proyecto que costó más de 130 millones de dólares y para recuperarlo, la inversión tuvo que aumentar.
Mientras tanto las comunidades indígenas reportaban enfermedades y hasta muertes por falta de agua o por el consumo de fuentes contaminadas.
Pasaron los gobiernos de Franco, Horacio Cartes, Mario Abdo y actualmente de Santiago Peña para que se reavivara el sistema, pero su operatividad aún está en dudas.
Su capacidad inicial ascendía a 550 metros cúbicos hora y tras la intervención de la Essap en las reparaciones, se consiguió alcanzar solo 150 metros cúbicos.
La operatividad se recuperó a medias y aún se desconoce las limitaciones de su alcance a las comunidades indígenas con relación a las proyecciones iniciales. Como es costumbre, las culpas son repartidas a las administraciones anteriores, que corresponden casi totalmente al Partido Colorado, el mismo que viene gobernando desde hace 70 años el país con una alternancia frustrada.
