Se trata de los jueces Gloria Machuca, Alejandro Peña, Lourdes Yumi Piñeiro, Liliana de Bristot, Gustavo Villalba Báez, Nathalia Garcete, Carmen Analía Cibils, Víctor Rodríguez Acosta y Elvira Franco. Además, la solicitud incluye a los ujieres y demás funcionarios.
La decisión fue adoptada luego de las publicaciones periodísticas que dejaron al descubierto un esquema corrupto de doble cobro conocido como la mafia de los pagarés, que ejecutaba pagarés ya cancelados para promover vía judicial el embargo de salarios de trabajadores y el cobro reiterativo de una deuda ya finiquitada años anteriores.
Por Resolución Nº 1739, del 2 de diciembre, el Consejo de Superintendencia argumentó que tomó la decisión de disponer la auditoría de reacción inmediata “a efectos de constatar la existencia o no de eventuales irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos, así como la identificación de presuntos responsables”.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, los ministros dispusieron que, como medida de control, corresponde remitir a la Contraloría la nómina de los jueces de Paz de la capital, así como la nómina de funcionarios de los juzgados, a los efectos de realizar un examen de correspondencia de bienes.
Además, se ordenó el control de la marcación de los funcionarios, incluidos jueces de todos los juzgados de Paz de Asunción.
Pese a las medidas adoptadas por la Corte, las víctimas de la mafia de pagarés califican de que se trata de una disposición “tibia” ante las denuncias realizadas y aguardan que se haga justicia y que todas las personas involucradas en el esquema paguen por los daños ocasionados.
medida tibia. Para el abogado Guillermo Ferreiro, la disposición de la Corte de intervenir solamente tres juzgados de Paz de la capital “es una medida tibia”, debido a que todos los juzgados de Paz de Asunción, Central y Bajo Chaco, entre otros, están involucrados en el esquema corrupto de doble cobro de la mafia de los pagarés.
“Esto ahora tomó un grado de escándalo, digamos, pero esto es una denuncia que hace años se viene haciendo -aseguró a Telefuturo-. Existen casos de denuncias penales, hay gente que presentó notas ante la Corte, ya hubo publicaciones periodísticas, y puedo decir que existe una gran complicidad”.
En ese sentido, resaltó que “la Corte tiene demasiada responsabilidad, que ahora dispone una auditoría de reacción inmediata si hace años que se viene denunciando los casos y la Corte no dice nada. ¿De reacción inmediata por qué? Ante el escándalo mediático que hubo”.
El abogado Jorge Rolón Luna publicó en su cuenta de X, fotos de costosos viajes por el mundo y compras de vehículos 0 Km realizados por ujieres que perciben un salario mensual de G. 3.128.000.
Se investiga un esquema de estafa en el que abogados adquieren pagarés cancelados y no retirados, que son reutilizados para descontar salarios a víctimas, cobrando doblemente la deuda, vía judicial. Además de la auditoría de la gestión de los nueve jueces de Paz de Asunción, la Corte ordenó que los ujieres Osvaldo Vera, Miguel Ángel Rolón Recalde, Pablo Matías Cabrera Irigoitia y Mariam Adelaida Ortiz Aquino, Heber Hernán Cardozo Areco y Líder Rodrigo Benegas pasen a disposición del Departamento de Personal.
