Expertos en energía, organizaciones, ex directivos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), académicos, observadores de la sociedad civil y hasta ex directivos de la entidad señalaron desconocer las conversaciones en relación con el nuevo Anexo C. Por ejemplo, la doctora Ángeles Ferreira, de la campaña Itaipú ñane mba’e, advirtió en una nota con Última Hora que “el Gobierno no ha presentado una hoja de ruta que informe a la ciudadanía sobre los planes de Paraguay para aprovechar tanto la energía generada en Itaipú como los recursos derivados de su comercialización en el desarrollo social y económico del país”.
Es más, Ferreira agregó que “en todo caso, se observa una agenda de facto que avanza, enfocada en mantener el statu quo: La cesión de energía a Brasil, el crecimiento del uso energético local sin perspectivas de desarrollo industrial (como lo demuestra la comercialización de nuestra energía en sectores como la criptominería y la minería de datos, que generan poco valor agregado y empleo en el país) y el manejo de los recursos según intereses partidarios, beneficiando solo a unos pocos”.
En efecto, no se vislumbra una estrategia del Gobierno, lo cual, es cierto, tampoco quiere decir que no exista y también hay que subrayar que no sabemos hacia qué intereses apuntaría. Hasta ahora podemos hacer simplemente suposiciones, fundadas acaso por la falta de información.
En el caso del acuerdo anterior entre Paraguay y Brasil en el que el Gobierno logró mayores recursos para el país. Hay que reconocer que muchos esperaban poco y luego se obtuvo más. No obstante, también se debe resaltar que el objetivo no tuvo el alcance esperado, porque de vuelta los fondos se manejarán en la opacidad de los cuestionados gastos socioambientales, sin pasar por el Presupuesto General de la Nación (PGN). Incluso, en el entendimiento pasado, los países condóminos de la entidad acordaron que después del ejercicio 2026 “se comprometen a aplicar una tarifa que refleje únicamente el costo estricto de operación de la entidad binacional, previsto en el Anexo C del Tratado de Itaipú, sin incluir costos discrecionales”. Ergo, hubo “costos discrecionales” y los habrá hasta entonces.
Pasaron más de 51 años de la vigencia del Tratado de Itaipú, y el Anexo C establece que “las disposiciones del presente Anexo serán revistas, después el curso de un plazo de cincuenta años a partir del ingreso en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”. A más de un año de cumplida la fecha (13 de agosto de 2023), no existen prioridades señaladas por el Gobierno en la negociación, es un silencio que asusta, teniendo en cuenta la historia de Itaipú en relación con el Paraguay.
Tenemos antecedentes nefastos, la deuda espuria señalada por la Contraloría General de la República (CGR), los beneficios desmedidos para uno de los socios, el acta secreta de 2019, por citar solamente tres casos. Así que es ardua la tarea para construir la confianza hacia el pueblo, el que verdaderamente debe sentir los beneficios de un gigante como Itaipú, y que hasta ahora poco y nada pudo disfrutar de las utilidades. Igualmente, no se habla de la deuda social y ambiental con las comunidades indígenas, “que fueron desplazadas inclusive de territorios que no se inundaron y que hoy están llenos de sojales”, en palabras de la ingeniera Mercedes Canese. El tiempo se agota, es cruel, inexorable, pero todavía algo se puede hacer.
