La economía argentina sigue sin rumbo claro, empantanada entre la visión política del gobierno de ampliar aún más las intervenciones del Estado en la economía y los programas de subsidios a amplios segmentos de la población, y la calamitosa situación de las finanzas públicas con un déficit crónico, infinanciable, debido a la excesiva presión tributaria sobre el sector privado y porque el Estado carece de acceso a financiamiento con deuda interna o externa por los sucesivos defaults en años anteriores.
La reciente renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien, negando la existencia de un plan económico, venía ejecutando una política mínima de ordenamiento de las finanzas públicas en el marco de un laxo acuerdo con el FMI, en el cual están fijadas algunas metas fiscales y de financiamiento monetario, pero sin un compromiso muy claro por parte del gobierno. Tal es así que cada vez que los ajustes eran evidentes e impactaban a sectores afines al kirchnerismo, se generaban crisis internas de gobierno que finalmente desembocaron en la renuncia del ministro Guzmán. Ante este hecho surgen interrogantes: ¿Se mantienen las metas acordadas con el FMI? ¿Habrá un plan de ajuste y estabilización? El presidente Fernández nombró inicialmente a la economista Silvina Batakis, quien tomó algunas leves medidas para controlar el crecimiento del gasto público, pero sus decisiones no tuvieron el respaldo del kirchnerismo. Finalmente, luego de idas y vueltas, termina nombrando al entonces presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, como ministro de Economía.
El nombramiento de un político con acotado conocimiento de economía y política económica para encarar los desafíos que tiene la Argentina, es una decisión muy audaz, por decir lo menos; un nuevo experimento argentino. Responde a la idea instalada de que el problema es político y no económico, y que es más importante la gestión política que la capacidad técnica para tomar las decisiones necesarias. Sin embargo, las expectativas son muy bajas. Uno de los pocos consensos de los economistas es que la Argentina necesita un plan de ajuste y estabilización económica con una perspectiva de largo plazo para recuperar la confianza y poner en marcha la dinámica de ahorro e inversión para acelerar el ritmo de crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Oportunidades sobran en el país, pero los riesgos son muy elevados por la impredictibilidad de la economía, a causa de sus cambiantes políticas económicas.
Convertirse en un país estable, predecible, confiable, requiere de importantes reformas en la política macroeconómica, donde lo básico y fundamental es lograr y consolidar una política fiscal responsable, que implica alcanzar un superávit fiscal primario suficiente para pagar los intereses de la deuda pública, interna y externa, lo cual generaría la confianza necesaria para ir renovando los vencimientos de capital e ir reduciendo gradualmente la relación deuda/PIB a niveles sostenibles a través del tiempo. Para esto se requiere un ajuste muy importante del gasto público que tendrá impacto en la gente, con altos costos políticos y económicos e inestabilidad social en el corto plazo. Por lo tanto, para tener una mínima credibilidad, una reforma como esta requiere de un elevado consenso político, primero al interior, pero que además traspase los límites de la coalición de gobierno, porque su implementación requiere disciplina en las decisiones por un periodo de tiempo que excede el mandato de uno, dos o tres gobiernos sucesivos.
Considerando la alta polarización existente con relación a la política económica y al rol del Estado en la economía, es difícil que puedan alcanzar los niveles de consenso requeridos para implementar una política de estabilización consistente, con las reformas necesarias, y sostenible en el tiempo. El nombramiento de un político para dirigir la economía puede ayudar, pero no parece suficiente para resolver los problemas de fondo. El tiempo nos dirá si fue la decisión correcta, y si los políticos argentinos son capaces de lograr acuerdos de largo plazo para corregir los grandes desequilibrios económicos, muy necesario para recuperar la confianza, la inversión y el crecimiento económico.
