Obdulia Florenciano denunció en la Comisaría 13ª de Arroyito que el 7 de junio pasado se le acercó en la ciudad de Yby Yaú un hombre que se identificó como ex personal de Inteligencia Civil de la Fuerza de Tarea Conjunta, quien le manifestó que supuestamente están queriendo acabar con su vida.
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Según la denuncia presentada este lunes, el hombre le dijo que quienes quieren atentar contra ella son dos coroneles, de apellidos Casco y Fernández, que son supuestamente militares asignados en la FTC, asentados en el destacamento del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en la ciudad de Arroyito.
El desconocido le comentó que ambos le habían llamado ofreciéndole dinero en efectivo para matarla y que supuestamente se negó a tal pedido, informó el corresponsal Justiniano Riveros.
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El hombre le repetía constantemente que estas personas supuestamente estaban ofreciendo dinero por su vida.
La madre de Edelio, secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), manifestó que no formuló la denuncia formal del hecho días antes debido a que primeramente mantuvo una reunión con sus familiares para decidir si correspondía o no hacerlo.
Versión del CODI
El Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) informó a través de un comunicado que, el 10 de junio pasado, el comandante de la institución, general Héctor Grau, y las dos personas sindicadas como presuntos implicados en el supuesto plan de atentado fueron a visitar a Obdulia Florenciano.
En aquella visita, de acuerdo con la versión de las autoridades, doña Obdulia y su marido Apolonio Morínigo manifestaron su total y plena confianza en el CODI y en los dos oficiales, además brindaron importantes datos para identificar al hombre implicado.
Ese mismo día el comandante del CODI realizó una denuncia ante la Fiscalía y el 12 de junio se libró orden de captura sobre la persona, que está plenamente identificada, según las informaciones oficiales.
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El suboficial de la Policía Nacional Edelio Morínigo está en poder del grupo armado EPP desde hace 1.810 días.
La familia del uniformado había emplazado al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para que dé una respuesta sobre la situación del mismo.
Dieron tiempo al Estado hasta el 5 de julio de este año para que esclarezca el caso, de lo contrario, accionarán a nivel internacional.
