Como se hizo durante las diferentes homilías en el novenario en honor a la Virgen de Caacupé, una vez más la Iglesia Católica se pronunció contra la ola de desalojos que afectan a comunidades campesinas en el país.
El obispo Ricardo Valenzuela enfatizó en el compromiso que tienen los laicos con el país y más aún quienes ocupan cargos de poder.
Afirmó que estos deberían buscar la forma de poder “alentar, acompañar y estimular” todos sus esfuerzos por mantener viva “la esperanza y la fe en una sociedad llena de contradicciones especialmente para los más necesitados y vulnerables”.
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El representante de la Iglesia Católica afirmó que “tenemos ante nuestros ojos estos desalojos forzosos y amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinos en diversas zonas del país”.
“Es de considerarse importante que se evalúe la necesidad de derogar la reciente modificación hecha al Código Penal (criminalización de invasiones) o que se la revise con mecanismo de control y diálogo”, enfatizó el obispo de Caacupé en medio de los aplausos de los fieles.
Durante su homilía, monseñor Ricardo Valenzuela también apuntó hacia la corrupción como uno de los males que aquejan al país y contra la que se debe luchar desde todos los estamentos de la sociedad.
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En las últimas semanas y desde diversos puntos del país llegó la información de desalojos de comunidades indígenas y campesinas en operativos que involucraron a fuertes contingentes policiales para expulsar de sus tierras a los más pobres del Paraguay.
En sintonía con la gran preocupación que despertó en la sociedad, las homilías del novenario de la Virgen de Caacupé estuvieron acordes con el magisterio de la Iglesia, y enfocadas en su visión social.
Hubo duras críticas al Gobierno por la violencia de los desalojos y, al mismo tiempo, se cuestionó la actitud de los agroempresarios.
La ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo, eleva las penas por invasiones de inmuebles, por lo que estas se convierten en crimen. A través de ella, quienes ocupan propiedades ajenas se exponen hasta a 10 años de prisión.