Cada año ante la celebración de la Navidad, la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina saluda al presidente de turno. Sin embargo, este año el mandatario Alberto Fernández no recibirá el saludo de su titular, el obispo Óscar Ojea; el viceprimero, cardenal Mario Poli, el vicesegundo, el arzobispo Marcelo Colombo, y el secretario general, monseñor Carlos Malfa.
Fuentes eclesiásticas manifestaron que no solo pesa el disgusto por la fuerza que está poniendo el oficialismo en sacar adelante la iniciativa legal, sino el temor a que la Casa Rosada quiera “usar políticamente” la foto del encuentro como una manera de decirle a la sociedad que, si bien la legalización del aborto suscita tensión, la relación entre el Gobierno y la Iglesia es buena, informó el diario argentino Clarín en su versión digital.
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La comisión permanente del Episcopado celebrará este martes su última reunión del año, en la que se avanzará en la elaboración de una severa declaración sobre el intento del oficialismo de legalizar el aborto, que cuenta con el acompañamiento de legisladores de la oposición.
Si bien inicialmente se creía que, al término de las deliberaciones, se difundiría el texto, el hecho de que una parte de los obispos esté presente en la reunión y otra por Zoom dificulta su redacción, necesariamente consensuada, por lo que se demoraría unos días su presentación, aunque se asegura que verá la luz pública antes de Navidad.
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Paralelamente, varios obispos —entre ellos el propio Óscar Ojea— mantienen contactos con senadores para tratar de persuadirlos de que voten en contra del proyecto que este lunes empezó a ser tratado en las comisiones que emitirán dictamen este viernes y se estima que sería votado el 29.
Los detalles de la ley
Actualmente solo se permite abortar legalmente en Argentina si la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida, según el Código Penal de 1921.
Si el nuevo texto es sancionado, toda persona gestante podrá acceder en el sistema de salud al aborto legal, seguro y gratuito, dentro del plazo de 14 semanas establecido —y más allá si el embarazo fue fruto de una violación o corre riesgo la vida materna—, en un tiempo máximo de 10 días desde su requerimiento.
Las menores de 13 años podrán hacerlo mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal, y las que tengan entre 13 y 16, si el procedimiento se hace de forma invasiva y no con un medicamento, de forma que quede comprometida su salud, deberán dar consentimiento con la asistencia de sus progenitores o tutores.
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Asimismo, las mayores de esa edad se considera que tienen “plena capacidad” para pedir la interrupción del embarazo, informó la agencia de noticias EFE.
Respecto a la objeción de conciencia, tendrán derecho a ejercerla los profesionales que intervengan en el aborto, pero deberán derivar “de buena fe a la paciente” a otro profesional “sin dilaciones”.