07 abr. 2025

Objetores promueven inconstitucionalidad contra Consejo Nacional de Objeción

Dos jóvenes presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que reglamenta el derecho a la objeción de conciencia y al servicio militar y piden que miembros de las Fuerzas Armadas no intervengan en un asunto de derecho civil.

Inconstitucionalidad contra Consejo Nacional de Objeción.png

Dos jóvenes piden que las Fuerzas Armadas no decidan admitir o rechazar la declaración de objeción de conciencia.

Foto: Gentileza

Los jóvenes Darío Salvador y Adolfino Ortiz presentaron una acción de inconstitucionalidad en el Poder Judicial contra la Ley 4013/10 y “Que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio” y contra la Resolución 1/2018 del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.

La abogada Natalia Rodríguez mencionó que los denunciantes se oponen a que un representante militar, miembro de las Fuerzas Armadas, intervenga en un asunto de derecho civil y decida admitir o rechazar la declaración de objeción de conciencia.

Argumentan que, según el artículo 24 de la Constitución Nacional, “nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología”, y en los artículos 129 y 173 de la CN; siendo que estos últimos disponen la competencia de las FFAA y que la objeción de conciencia estará sujeta exclusivamente a la jurisdicción civil”.

Nota relacionada: Objeción de conciencia: Jóvenes explican por qué rechazan servicio social

icono whatsappRecibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp

A partir de enero de este año empezó a regir el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio, el cual tiene a su cargo la aplicación de la Ley 4013/10, que establece servicios sustitutivos y sanciones para quienes incumplan con la Ley del Servicio Militar Obligatorio y no se declaren objetores.

Se establece que el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio estará integrado por el defensor del Pueblo, un representante de la Cámara de Senadores y otro de Diputados, un representante de los objetores de conciencia y un representante del Ministerio de Defensa Nacional.

Asimismo, dentro de la resolución del Consejo se enmarcan las funciones del órgano que, entre otras cosas, debe recibir las declaraciones de los objetores, lo que a su vez pasará por las manos de las Fuerzas Armadas, para luego otorgar los certificados de cumplimiento de servicio sustituto.

Ambos jóvenes objetores son miembros de la Articulación Juvenil Akã Pu'ã , que desde hace meses vienen trabajando en la promoción de la Objeción de Conciencia como un derecho humano inalienable que no puede ser limitado, negado ni coartado bajo ninguna circunstancia y se posicionan contra la obligatoriedad del Servicio Militar y el Servicio Civil Sustitutivo y cualquier otra forma de militarismo.

Más contenido de esta sección
En este episodio de Balanza Judicial, los periodistas Liz Acosta y Raúl Ramírez explican a detalle quiénes son los jueces de paz de la capital sindicados como parte de “la mafia de los pagarés”.
El conocido instructor y ex presidente de la Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo (APPD), Richard Alfredo Acosta Cabrera, perdió la vida durante una práctica de este deporte extremo en Ypacaraí. La Fiscalía inició una investigación.
El reciente escándalo por la admisión del Gobierno de Brasil de haber espiado a funcionarios paraguayos, en el marco de la negociación de la nueva tarifa de Itaipú Binacional, dejó en evidencia las falencias del Estado paraguayo en el ámbito de la ciberdefensa.
Un joven fue brutalmente agredido con puñetazos, patadas y dos puñaladas en la espalda a la salida de una discoteca en Villa Morra, en la ciudad de Asunción.
Un enfrentamiento entre jóvenes derivó en la muerte de un adolescente de 15 años, que recibió golpes y heridas de una manopla de metal. Ocurrió en la madrugada de este domingo en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Caaguazú.
La Policía Nacional busca a un guardia de seguridad sospechoso de robar la suma de G. 200 millones del supermercado en donde trabaja, ubicado en Pedro Caballero, Departamento de Amambay.