Consideran que se trata de “una norma ilegal, y como consecuencia inconstitucional”, ya que establece restricciones para el acceso al derecho a la educación universitaria que la propia ley no contempla.
Además argumentaron que el complemento administrativo de la ley reglamentada, cuyo fin debería ser el de brindar mayor nivel de detalle a los efectos de facilitar la ejecución de la misma, al contrario, “ha colocado barreras de acceso, allí donde la ley no lo hizo”.
La ley reglamentada establece que el arancel cero rige solamente para los egresados de los colegios públicos o subvencionados. Estarán eximidos de abonar todo tipo de aranceles en concepto de matrículas u otros relacionados con los cursos probatorios de nivelación, preparatorios, de admisión y similares.
Durante la carrera de grado y a fin de continuar con el beneficio señalado, el estudiante no deberá sobrepasar dos años al periodo establecido en el proyecto académico.
