Mientras, para el Ministerio Público no existen elementos en la línea investigativa contra el ex mandatario y viajarán esta semana a Brasil para recabar información; sin embargo, para las autoridades brasileñas, Cartes es un riesgo para el orden público y es necesaria su prisión para evitar que supuestamente siga apoyando el esquema de la organización criminal.
JUICIO POLÍTICO. El sector del Frente Guasu analiza incluso la posibilidad de impulsar un juicio político contra Sandra Quiñónez. Consideran que hubo negligencia por parte de la Fiscalía con relación al informe resultante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que investigó las conexiones de lavado de dinero en el caso Messer, hermano del alma de Cartes.
Al cuestionamiento se suman referentes de Patria Querida. El senador Stephan Rasmussen apuntó que llama la atención el silencio del Ministerio Público.
En el oficialismo están observando con preocupación la actuación de Sandra Quiñónez. Inclusive, algunos legisladores están conversando y analizando los nuevos elementos que van surgiendo sobre el tema que ahora salpica al ex presidente.
La fiscala general del Estado fue elegida por Cartes en octubre del 2017. El nombramiento generó una fuerte crispación interna, debido a que algunos sectores cuestionaron el proceso de elaboración de la terna.
Poco tiempo después, Sandra ya estuvo en la mira de Diputados, en marzo del 2018. Inclusive, un sector del PLRA había preparado el libelo acusatorio que quedó archivado.
PEDIDO. La fiscala general tiene tiempo hasta el 3 de diciembre para ratificar o rectificar el pedido realizado por el fiscal Édgar Sánchez de desestimar la investigación por supuesto desacato al ex presidente de la República.
En este proceso, el juez de Garantías, Yoan Paul López, dio trámite de oposición, después de que el agente del Ministerio Público se ratificó en su requerimiento.
A través de sus abogados, Cartes se había negado a acudir al Congreso para declarar ante la Comisión Bicameral de Investigación en el caso Messer.
Ante esto, se había solicitado al juez que se le sancione al ex gobernante.
EL IMPACTO DEL LAVADO EN LA POLÍTICA
