EFE
La ley sobre aborto en Paraguay es restrictiva y sólo autoriza la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer o de la niña corre un grave peligro.
No prevé excepciones en casos de violación, incesto o feto inviable.
“La decisión de las autoridades paraguayas ha resultado en graves violaciones de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y mental de la niña, así como su derecho a la educación, que ponen en peligro sus oportunidades socio-económicas”, advirtieron los expertos en un comunicado.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“A pesar de las solicitudes de la madre de la niña y de los expertos médicos para interrumpir este embarazo que pone en peligro su vida, el Estado no tomó medidas para proteger la salud, la integridad física y mental e incluso la vida de la niña de 10 años”, agregaron.
“No se hizo una evaluación interdisciplinaria e independiente con miras a asegurar el interés superior de la niña antes de descartar tratamientos para salvar su vida, incluso el aborto”, destacaron.
Según la Organización Mundial de la Salud, los embarazos precoces son extremadamente peligrosos para la salud de la niña embarazada y pueden conducir a complicaciones y a la muerte en algunos casos.
En América Latina, el riesgo de muerte materna es cuatro veces mayor entre las adolescentes menores de 16 años.
Aunque la madre de la niña paraguaya había denunciado los abusos sexuales del padrastro en el 2014, los expertos deploraron “la falta de respuesta de las autoridades para tomar medidas para evitar que se repitan” y lamentaron “profundamente que el Estado no haya cumplido con su responsabilidad de actuar con la debida diligencia y de proteger a la niña”.
Además, los expertos de la ONU expresaron su preocupación ya que la Fiscalía de Paraguay ordenó la prisión preventiva para la madre de la pequeña violada, de 32 años, imputándola por “incumplimiento del deber del cuidado” y como cómplice de “abuso sexual en niños”.
El Ministerio Público paraguayo justificó la medida alegando que la mujer proporcionó algunas pistas sobre el posible paradero del padrastro, pero todas resultaron falsas.
Es crucial que el presunto violador, que acaba de ser arrestado, sea debidamente enjuiciado, recalcaron los expertos de la ONU.
Firmaron el comunicado Emna Aouij, presidenta del grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, y Rashida Manjoo, relatora especial sobre la violencia contra la mujer.
También lo suscribieron Dainius Pras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Juan E. Méndez, relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
