“Desde el pasado mes de febrero, Nicaragua ha dado nuevos pasos en dirección opuesta al respeto de los derechos humanos al imponer una serie de medidas arbitrarias a 222 personas excarceladas, que luego fueron deportadas a los Estados Unidos, y a otras 94 personas a las que les retiró la nacionalidad nicaragüense”, dijo Oacnudh. Según el Alto Comisionado, “las medidas también han comprendido vulneración de garantías procesales, supresión de derechos políticos de por vida, desaparición de datos personales de los registros públicos y universitarios, pérdida del derecho a la propiedad y bloqueo bancario, incluso para recibir el pago de pensiones”.
“Se han eliminado de una forma combinada derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Estas acciones reponen en Nicaragua figuras que eran parte del pasado como la apatridia, la muerte civil o la confiscación de bienes como castigo político, pero que ahora son el presente de la agudización de la crisis de derechos humanos en el país”, subrayó la ONU.
En tanto, Amnistía Internacional denunció que Nicaragua está empleando “nuevos patrones” de violaciones de los derechos humanos
La organización expresó que el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, recurre al uso excesivo de la fuerza, leyes penales, ataques contra la sociedad civil y al exilio forzado con el fin de silenciar a sus críticos.
“La política de represión del Gobierno nicaragüense para contener las voces disidentes y cualquier tipo de crítica continúa acrecentándose, reinventándose e incorporando nuevos patrones de violaciones”, afirmó Amnistía en un informe titulado “Un grito por la justicia: Cinco años de opresión y resistencia en Nicaragua”. EFE-AFP