El Instituto de Previsión Social (IPS) se convirtió en los últimos años en el botín político del gobierno de turno, que incide en que los viejos vicios se eternicen en el principal seguro de los trabajadores, que últimamente solo arrastra denuncias de presuntos negociados en las licitaciones, quejas constantes de un pésimo servicio en el sistema de salud y a los que se suma la reciente denuncia de presunta negligencia médica con la amputación errónea de una pierna al usuario Ramón Samudio.
Al seguro social le sobran políticos -con un Consejo de Administración netamente conformado por un perfil partidario y nombrado por el presidente de la República-, pero le faltan medicamentos constantemente, mejorar el sistema de agendamientos y brindar un servicio de calidad y calidez, según las denuncias de los asegurados.
Entre las falencias, se señalan las deficiencias en los sistemas de agendamiento, que empeoraron en los últimos años. Con la pandemia, el IPS eliminó el servicio gratuito del *152# vía mensaje de texto, limitó el agendamiento con especialistas por la web y centralizó el pedido de turnos a través del Call Center, una vía saturada diariamente por la alta demanda. Incluso, algunos asegurados van hasta el Hospital Central para usar el único teléfono público gratis para pugnar por las consultas médicas.
En los hospitales del seguro social persisten las carencias de medicamentos e insumos. La falta de previsión se acentúa en este aspecto, sumada a la falta de transparencia en las licitaciones. Incluso, algunos pacientes con cáncer se vieron obligados la semana pasada a cancelar las sesiones de quimioterapia por la falta de uno o dos fármacos, que debido al alto costo a veces no pueden adquirir el producto, lamentan desde la Asociación de Pacientes con Cáncer del IPS.
Gloria Villasanti, presidenta de la organización, aseguró que tanto al presidente del IPS, Vicente Bataglia, como a los consejeros no les interesa la salud de los asegurados porque en esta gestión persiste la falta de insumos para tratar el cáncer.
En cambio, el titular del IPS, señaló –en una conferencia- que los medios solo atacan al IPS y que la institución también lleva adelante una serie de servicios médicos exitosos.
LICITACIONES EN LA MIRA. Pero, es necesario recordar que el presidente y los cinco consejeros son los que deciden sobre las compras para el seguro social y últimamente no escapan de las denuncias que los salpican por supuestos negociados en las licitaciones.
Entre ellas, se puede citar el reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la licitación del servicio tercerizado de limpieza, que fue adjudicado Cevima SA. Se detectaron falta de fundamentos en cuanto a la cantidad requerida de trabajadores para cada puesto de salud y la inclusión de requisitos que limitaron la participación de oferentes.
Incluso, en mayo de este año, la licitación para la contratación de guardias de seguridad tercerizado estuvo otra vez bajo la lupa debido a las denuncias de supuestas irregularidades y negociados.
OTRA MIRADA. El ingeniero Pedro Ferreira, ex presidente de la previsional –que se destacó por lograr un superávit en el Fondo de Salud y luchar contra la corrupción-, cree que los cambios se pueden hacer en el seguro social, pero es necesario erradicar la politización con “voluntad y autoridad moral”.
Desde el punto de vista del ingeniero Ferreira, en el IPS se arraigó un sistema de clientelismo porque es más importante ganar la interna y no prestar un buen servicio al asegurado. El ex titular consideró que para que los servicios del seguro social funcionen adecuadamente es necesario despolitizar la institución. “Creo que debería de tener un manejo totalmente independiente de la pugna política”.
Estamos bajo ataque constante de muchos medios. (El IPS) es grande y hay demasiados intereses. Dr. Vicente Bataglia, titular del IPS.
No hay voluntad política. Al doctor Vicente Bataglia ni a los consejeros no les interesan los asegurados del IPS. Gloria Villasanti, asegurada.
- 30.000.000 de guaraníes es el promedio de salario, por mes, de cada consejero del Instituto de Previsión Social.
- 500.000 guaraníes es el gasto de bolsillo promedio de los acompañantes de los internados en urgencias.
- 1.500.000 es la cantidad estimativa de asegurados, entre cotizantes y beneficiarios.
PRINCIPALES FALENCIAS
- El Call Center tiene críticas por el excesivo tiempo de espera.
- En los hospitales y clínicas periféricas hay faltantes de insumos y medicamentos.
- Mi IPS, el agendamiento por la web, no incluye a especialidades como otorrino pediátrico y otros.
- Tercerizaciones de limpieza con denuncias de supuestos negociados.
- Maltrato a los asegurados por parte de los funcionarios y personal de blanco.
- De los reposos hay constantes denuncias por el atraso en el desembolso.
- Quimioterapias suspendidas por la falta de fármacos oncológicos.
- Tomógrafo fuera de servicio en el Hospital Central y derivan turnos para el tercerizado en Ingavi.
- Las denuncias de presunta negligencia médica son constantes en el IPS.
- Albergues al tope en la Central y familiares usan pasillos como refugio.
- Persiste fuga de medicamentos. Fentanilo se vendía en farmacia privada.
- Politización para la designación de los consejeros en el Consejo del IPS.
Consejeros cobran millones mensualmente
EL MILLONARIO SALARIO NETO MENSUAL DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (EN GUARANÍES)
Desigualdad. Mientras los familiares de los asegurados internados en emergencias del Hospital Central sufren un golpe al bolsillo diariamente, de G. 100.000 a G. 500.000 para comprar medicamentos, los consejeros del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) ganan un salario neto mensual promedio de G. 30.000.000.
Los representantes del Consejo de Administración son los principales responsables de la gestión del seguro social de los trabajadores, tanto en el ámbito de salud como jubilación. Son los encargados de aprobar las licitaciones, las inversiones, las contrataciones, la construcción de obras y otros.
Esta gestión está actualmente salpicada por una serie de denuncias de supuestos negociados en licitaciones y arrastra constantes quejas de desabastecimientos en los hospitales en todo el país.
A toda esta situación se suma la grave denuncia de negligencia médica en el caso de Ramón Samudio (78), cuya familia denuncia una amputación errónea de la pierna.
Tras lo acontecido, están bajo la lupa las autoridades del IPS. Los asegurados y políticos piden la renuncia del doctor Vicente Bataglia, presidente del IPS. Incluso, la Cámara de Diputados aprobó la interpelación y la Cámara de Senadores se suma al pedido de renuncia de Bataglia.
El doctor Vicente Bataglia asumió el cargo de presidente del Consejo de Administración el 11 de marzo de 2021. Por su puesto, cobra un salario neto mensual de G. 34.125.000 y es funcionario del IPS desde hace más de 26 años, según registros. En su momento, se proclamó parte del grupo político de la senadora Lilian Samaniego.
Pese a los pedidos de renuncia, en una conferencia de prensa reciente, dio a entender que no dará un paso al costado. Es conocido por la labor que desempeñó en el servicio de Ginecología.
ANTECEDENTES. El titular del IPS no es el único que cobra un jugoso salario, sino que también los consejeros, que en muchos casos son nombrados vía decreto del Poder Ejecutivo, como parte de cupos políticos. En total son cinco consejeros, representantes de distintos sectores.
Roberto Brítez Ferreira, consejero representante de Jubilados y Pensionados, es el que casi le iguala a Bataglia en cuanto al sueldo.
Este consejero, que vuelve a ocupar el cargo desde el 2019, gana mensualmente G. 32.000.000. Anteriormente, fue consejero en representación del Ministerio de Trabajo, hasta que fue cambiado en el año 2008. Brítez tiene vínculos políticos con Colorado Añetete y fue electo en el 2013 como concejal departamental por Central.
De sindicalista a consejero. El otro representante, quien se ubicó en el cargo en el 2019, es el licenciado Gustavo Arias, que años atrás era conocido por ser el presidente del Sindicato de Enfermería del IPS (Senips).
En esta actual gestión hizo una escalada y se ubicó en el puesto para ganar mensualmente G. 30.650.000. Actualmente, es candidato a senador suplente del movimiento Fuerza Republicana. Este movimiento es del vicepresidente y actual precandidato presidencial Hugo Velázquez.
De director de Ingavi a consejero. Este es el caso del doctor Ricardo Vicente Oviedo Medina, quien desde el 2019 está en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El consejero –que insiste que no hubo error en la amputación– cobra cada mes un sueldo neto de G. 29.120.000.
En su momento, el doctor Ricardo Oviedo fue director del Hospital Ingavi, después ocupó el cargo de gerente de Salud del IPS, para escalar al más alto puesto. Tiene supuestamente también vínculos políticos con Lilian Samaniego.
La licenciada Ludia Claudina Silvera López ocupa el cargo desde el 2019 en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Su sueldo es de G. 29.120.000. Es licenciada en Ciencias Contables.
El otro consejero es Miguel Ángel Doldán Martínez, en representación de los Empleadores, quien cobra G. 30.650.000. También forma parte del consejo, el economista Francisco González como síndico.
Pese a los pedidos de un cambio general en el Instituto de Previsión Social y renuncia del titular del IPS y de los consejeros, estos se aferran al cargo, en medio de las denuncias y las quejas por insatisfacción de los servicios brindados, principalmente, en el área de la salud.
La Ley 6919/22, que entre otros puntos elimina la obligación a los accionistas y directivos de las proveedoras del Estado a presentar declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, fue promulgada recientemente y ya se encuentra vigente, comunicaron desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Pablo Seitz, titular de la DNCP, indicó que la citada normativa, que deroga lo que establecía la Ley 6355/19, tendrá efectos positivos en materia de compras públicas, recordando que la legislación anterior no era considerada óptima. “La ley anterior (con referencia a la 6355/19) era muy negativa en cuanto a efectos”, manifestó.
Al respecto, señaló que a través de la imposición sobre la presentación de DDJJ de los accionistas y directivos de empresas no se producía información pertinente para el sistema de las compras públicas, ya que de hecho la documentación era presentada en instancia de la Contraloría General de la República (CGR).
“Ni siquiera estaba en una evaluación de ofertas y la información que se presentaba no era relevante para el proceso de contratación”, insistió. A su vez, el director de Contrataciones recordó que, a criterio de la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo dispuesto en la Ley 6355/19 fue considerado inconstitucional.
“Entonces, estábamos ante una normativa inconstitucional que no ha aportado nada de información útil al sistema de contrataciones públicas, que volvía mucho más burocrático el proceso de contratación, que disminuye la cantidad de oferentes… solamente tenía efectos negativos”, resaltó.
DATOS. No obstante, Seitz aclaró que los datos patrimoniales de las empresas proveedoras del Estado sí seguirán siendo relevantes para los procesos de contratación y que se trata de información que debe estar presente en los procedimientos. “Vamos a tener mayor facilidad y vamos a aprovechar de mejor manera todas las reformas que estamos haciendo”, dijo Seitz.
La Ley N° 6919 “Que modifica varios artículos de la Ley N° 5033/2013 ‘Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos” y deroga la Ley N° 6355/2019” fue promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 18 de julio.
COMPRAS. Por otro lado, el Senado debe tratar próximamente el proyecto de ley de suministro y contrataciones públicas. Al respecto, el titular de la DNCP había indicado que la propuesta amplía de 3 a 5 años el tiempo máximo de sanción para proveedores que no cumplan con el Estado, y se incluye la sanción con multa.
“(El proyecto) tiene un sistema de sanciones mucho más completo, de inhabilitación de quienes no pueden participar de una licitación por razones de vinculación con funcionarios. También se establece un sistema de contagio de la sanción a empresas vinculadas por accionistas comunes o directores comunes”, detalló Seitz.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley con modificaciones, por lo que la propuesta debe ser estudiada de nuevo en el Senado. Viviana Casco, titular de la Secretaría Técnica de Planificación, indicó que pedirán la ratificación a la Cámara Alta.
