El fin de semana pasado me encontré con un taxista a quien hace años no veía. El conductor me expresó sus opiniones con claridad sobre dos monstruos: Itaipú y Yacyretá. Me dijo que Yacyretá ya es de Argentina y que ya se le vendió Itaipú al Brasil. Recordó el acta secreta de Itaipú de 2019, reflexionó sobre la suba de los combustibles y lamentó las tragedias que vive la ciudadanía. Sus apreciaciones, vertidas en el dulce idioma guaraní, dan pie a este comentario.
Las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá representan todo un ejemplo de progreso energético, garantizando provisión eléctrica a millones de personas en varios países. Bien, aplausos, aunque puedan cuestionarse las consecuencias colaterales de ambas construcciones para el medioambiente. Sí, ambas entidades otorgan recursos al Estado, llevan adelante obras de infraestructura, proponen modelos de desarrollo de primera generación.
Sin embargo, también comparten una característica intolerable: opacidad. Porque Itaipú y Yacyretá impiden el paso de la luz, son oscuras y sombrías ante los intentos de control de sus finanzas. Lo denuncia la propia Contraloría General de la República, organismo que no puede auditarlas, aunque existan leyes que la habilitan para la tarea, aun cuando los recursos generados por las entidades son de todos los paraguayos, por consecuencia: fondos públicos.
¿Qué hacen las autoridades de las binacionales cuando se les solicita información? Promueven acciones judiciales para evitar la entrega de los documentos. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué simplemente no brindan los datos? Para colmo, el mes pasado la Corte Suprema de Justicia actuó conforme a los intereses opacos, porque la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial de nuestro país hizo lugar a la suspensión de los efectos de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 6763/2021, que “dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá”, hasta tanto sea resuelta una acción de inconstitucionalidad promovida por la segunda. Como si fuera poco, existe otra acción de inconstitucionalidad promovida por Itaipú para no exponer sus finanzas.
Además, las binacionales no transmiten las sesiones de sus Consejos de Administración, pero sus decisiones afectan a los países propietarios. No puede ser que no sepamos las argumentaciones de las autoridades de Itaipú y Yacyretá si son empleados públicos, por cierto con ingresos estratosféricos proveídos por recursos de todos los paraguayos. No puede ser que los presupuestos de las binacionales sigan escondidos del Presupuesto General de la Nación. Estamos en el siglo XXI, no en la Edad Media, es inconcebible que se siga fomentando el oscurantismo.
Por otro lado, en Itaipú se sigue sin definir la tarifa 2022, pero mientras tanto Paraguay está pagando más por la energía, ¡qué simpático! Brasil paga menos y se lleva el 85% de la producción, y por supuesto que se respeta el documento originario de la entidad, el Acta de Foz de Iguazú, firmada en 1966, que establecía que la energía eléctrica “será dividida en partes iguales entre los dos países, siendo reconocido a cada uno de ellos el derecho de preferencia para la adquisición de esta misma energía a justo precio”. Lea usted, amadísimo lector, y averigüe si este documento se está cumpliendo. Para mayor énfasis, estaba siendo irónico con “por supuesto”. No hay justo precio, a no ser que “justo” signifique beneficio mayor para un solo país.
Como guinda de los pasteles binacionales, apetecidos especialmente en este año electoral, seguimos pagando una deuda en Itaipú declarada “ilegal” también por la Contraloría General de la República, pero desde el Gobierno ni se acuerdan del documento, anunciando una y otra vez que recién el próximo año se cancelará el saldo. Entonces, la Contraloría miente, ¿verdad?
No sé si lo que decía el taxista es verdad, pero se parece tanto a ella que cuesta diferenciarla.
