La nota fue entregada al viceministro Óscar Stark, nombrado la semana pasada, tras el escándalo de la detección de pasajeros fantasmas.
En su argumento, la organización consideró como una compensación por el servicio que han cobrado, pero no han cumplido, la gratuidad del servicio de transporte público el día 30 de abril para las elecciones generales como también la puesta en circulación de los buses y otros vehículos con que cuente el Estado, desde el inicio hasta el fin de la jornada electoral.
Sostienen que será un primer paso hacia la restauración de nuestra confianza como ciudadanos para con las empresas y autoridades encargadas del transporte público.
“La intención es fomentar y facilitar la participación de los compatriotas al consagrado derecho del sufragio y en repudio al arreo de electores que transportan como ganado con buses alquilados o cedidos por parte de las mismas empresas de transporte, que operan impunemente con el benefacto de los sectores políticos que incurren en estas prácticas”, sentenciaron los jóvenes en su nota.
De acuerdo con los datos que maneja la organización Opama, muchos jóvenes que estaban habilitados a sufragar en elecciones anteriores no pudieron cumplir con su derecho por la falta de movilidad para llegar a los locales de votación. En contrapartida, los operadores políticos de los partidos tradicionales despliegan vehículos para asegurar los votos cautivos.