La Entidad Binacional Yacyretá está atravesando nuevamente por una situación crítica arrastrada por la actual crisis económica y financiera de la Argentina. Esto impacta de manera colateral a las finanzas públicas de nuestro país porque la binacional no paga en tiempo y forma sus compromisos emergentes del Tratado. Tampoco está pagando a los proveedores, lo cual dificulta el avance del proyecto Aña Cuá, cuya puesta en marcha incrementa en un 10% la capacidad de generación.
La prioridad actual del gobierno argentino es estabilizar y ordenar la macroeconomía y uno de los sectores con mayores distorsiones a resolver es justamente el sector energético. En el marco del duro ajuste fiscal del gobierno de Milei, está en proceso de implementación un programa de sinceramiento tarifario de la energía en Argentina, del cual, uno de los componentes del costo medio de energía es la tarifa de Yacyretá. Estas definiciones tarifarias al consumidor argentino, así como el costo de fuentes alternativas de energía, tendrán impacto en las negociaciones tarifarias de Yacyretá y, por ende, en la necesidad de optimización de sus costos operacionales, del tratamiento de su deuda con el tesoro argentino y paraguayo y de las inversiones necesarias para terminar el proyecto Aña Cuá. Por otro lado, y no menos importante, la evolución que está teniendo la determinación de la tarifa de Itaipú, así como de su régimen de contratación y el acuerdo operativo, combinado con la imposibilidad de la ANDE de modificar su pliego tarifario imponen límites en términos de costos de la energía de Yacyretá para su uso más intensivo por la ANDE en la satisfacción de la creciente demanda de energía de nuestro país.
Por lo tanto, en las circunstancias actuales el acuerdo Macri-Cartes, firmado en el año 2017, pero que hasta ahora no fue tratado por el Congreso argentino, ha perdido vigencia. Es necesario analizar y revisar los parámetros y corregir los estados financieros, así como la estructura de costos de Yacyretá, proyectándolos en el marco del contexto actual y futuro de los mercados energéticos de ambos países y de las fuentes alternativas de energías disponibles en términos de complementariedad y competitividad. Por ejemplo, en ese acuerdo se definió que los costos de explotación directos e indirectos deberían ajustarse a un máximo de USD 17,5 por MWh generado a partir del año 2018 en adelante. Sin embargo, a este monto se debe sumar los correspondientes a la compensación por territorio inundado, las utilidades del capital, resarcimiento por supervisión; la amortización de las deudas con el tesoro argentino, cuyo pago debería comenzar en el año 2028; la amortización de las deudas con el tesoro paraguayo, que teóricamente debería haber comenzado en el año 2023 y no ocurrió, etc. Sumados estos componentes, según los datos presentados en esa oportunidad, el costo de la energía de Yacyretá superaría los USD45 x MWh generado inviable para ambos mercados energéticos.
El planteamiento de nuestras autoridades a los socios argentinos debería priorizar la posibilidad de utilización plena de la energía que le corresponde a nuestro país según el Tratado, para lo cual el costo de la misma debe ser compatible con nuestro mercado energético. Definir una tarifa competitiva requiere que ambos países consideren renunciar a sus acreencias que forman parte del pasivo y optimizar los costos de explotación de la binacional, preservando los pagos de compensaciones por territorio inundado y por cesión de energía. Si bien la deuda de Yacyretá es principalmente con el tesoro argentino, este país también utilizó más del 93% de los 440 millones de MWh generados por Yacyretá de sus inicios, en cuya tarifa obviamente no fue imputada la amortización de esa deuda.
Es necesario ordenar las cuentas y la situación financiera de Yacyretá de forma tal que su energía sea competitiva. El presidente Santiago Peña debiera designar a los funcionarios más calificados para atender este asunto y formar un equipo multidisciplinario considerando aspectos económico-financieros, jurídicos, político-diplomáticos y de provisión de energía para nuestro sistema eléctrico y proponer a su par argentino el inicio inmediato de las negociaciones con plazos bien definidos para su culminación.
