“El Gobierno de Milei quiere aprobar un nuevo acuerdo y endeudamiento con el FMI con un DNU. La institucionalidad, totalmente rota”, expresó el diputado Leopoldo Moreau, del bloque peronista Unión por la Patria.
El Gobierno argentino anunció que Milei firmará un DNU para cerrar un acuerdo con el FMI y pedirá al Congreso –donde el oficialismo es minoría en ambas cámaras parlamentarias– que apoye ese instrumento.
El decreto entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, algo que aún no sucedió, y todavía se desconocen detalles de los términos y condiciones del acuerdo que se pretende alcanzar y a cuánto ascenderán los nuevos desembolsos del FMI. La decisión de Milei de firmar un DNU es controvertida pues, a juicio de muchos dirigentes opositores, contradice la ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada por el Parlamento en febrero de 2021 por impulso del Gobierno del entonces presidente Alberto Fernández (2019-2023).
Esa norma, que está vigente, establece en su artículo 2 que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público” realizados con el FMI “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
Según diversos sectores de oposición, en orden a esa norma, el Gobierno debió enviar un proyecto de ley al Parlamento para que el Legislativo debata y, eventualmente, apruebe la operación con el FMI con el visto bueno de las dos cámaras legislativas.
En cambio, Milei optó por firmar un DNU, un instrumento que ha de ser revisado y, eventualmente, avalado por el Congreso. De concretarse, ese aval parlamentario no constituye la ley de aprobación “expresa” a un nuevo acuerdo requerida en la norma promulgada en 2021.
DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD. Para el diputado Oscar Agost Carreño, del derechista Propuesta Republicana (Pro), Milei ha apelado “a una herramienta de dudosa constitucionalidad para esquivar al Congreso, al que desprecia, y evitar que se debatan las condiciones impuestas” por el Fondo, un “verdadero cheque en blanco que atenta contra los principios de control y transparencia que debe respetar cualquier democracia”.
Cuando el Congreso revisa un DNU, determina la validez o invalidez de ese instrumento en cuanto a las materias sobre las que puede versar y si efectivamente se dan las “circunstancias excepcionales” de “necesidad” y “urgencia” que hicieran imposible seguir el trámite ordinario para la aprobación de las leyes.
Por tanto, cuando el Congreso revisa un DNU no debate y vota sobre la cuestión de fondo -en este caso, el acuerdo con el FMI-, sino sobre la validez del decreto.
La aprobación de un DNU se logra por mayoría simple en tan solo una de las dos cámaras del Congreso.
Sólo si ambas cámaras votan una resolución de rechazo, el decreto pierde validez.
Argentina se mantiene como el mayor deudor en la lista de países que le deben dinero al FMI: una deuda que, según datos del organismo, actualmente asciende a 31.100 millones de derechos especiales de giro (equivalentes a unos 41.052 millones de dólares, un 28 % del total de los créditos pendientes de cobro por parte del FMI).
