Varios referentes de los partidos coincidieron en acusar a la agente del Ministerio Público de responder al Partido Colorado y puntualmente al sector del cartismo ante el temor que genera la unión de los partidos y sectores opositores de cara a las elecciones generales de abril del próximo año.
En su dictamen, la fiscala electoral consideró que la Concertación Nacional 2023 Para un Nuevo Paraguay no debe ser reconocida hasta conformar su propio padrón.
“Tenemos que esta organización política hace una mención genérica sobre las personas que integrarían el padrón de la Concertación, expresando que este será integrado por aquellos que se hallen inscriptos en el Registro Cívico Permanente hasta el 31 de mayo de 2022. Si esto es implementado así, el potencial padrón estaría compuesto por personas ajenas y no afiliadas a las entidades políticas que conforman la Concertación”, señala parte del dictamen.
Agregó que la propia ley electoral establece que “los partidos políticos confeccionen sus propios padrones y no que se desliguen de esa labor con la utilización de los registros generales de electores inscriptos en el sistema electoral”.
“Esta fiscala demuestra que es una mandataria de la ANR y no de la sociedad. Dice incluso que no se reconozca la Concertación hasta que se defina el padrón que se va a utilizar. Eso es ilegal, arbitrario y demuestra a todas luces cómo está siendo manipulada”, dijo tajante en entrevista con la radio Monumental, el diputado Sebastián Villarejo, uno de los candidatos presidenciales de la Concertación.
“Como era de esperar, la Fiscalía Electoral, sin argumento legal alguno, pretende impedir que la Concertación elija a sus candidatos y candidatas con la participación de todos aquellos que lo deseen. Nada más antijurídico y antidemocrático”, expresó a su turno Rafael Filizzola.
El apoderado del PLRA, Efrén Silva, también dijo que la mano del cartismo está metida en dicho dictamen y aclaró que no es vinculante y que la decisión final quedará en manos del Tribunal Electoral.
Marlene Orué, apoderada del PLRA, en charla con Radio 1000, remarcó que el dictamen no es vinculante y que confían en que el Tribunal Electoral responderá en el marco de la ley. Coincidió en que la fiscala usa el mismo discurso de los referentes del Partido Colorado y recordó incluso que la agente ya fue recusada en otros casos por responder directamente a la ANR.
El dictamen fiscal es remitido al Tribunal Electoral de la Capital, que es la instancia donde se definirá la cuestión. El plazo que tiene para expedirse sobre el punto es el 8 de julio y de ser desfavorable para los opositores, estos podrán recurrir a la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, instancia que tiene dos nuevos miembros.
Si se usa (el registro nacional) el potencial padrón estaría compuesto por personas ajenas a la Concertación.
Myriam González,
fiscala electoral.
El cartismo utiliza a sus personeros para tratar de detener la unión de los paraguayos en la Concertación.
Cristian González,
abogado del PLRA.
Como era de esperar, la fiscalía electoral, sin argumento legal, pretende impedir que la
Rafael Filizzola,
dirigente PDP.