La sesión reservada que se realizó en la víspera por el caso del diputado cartista Eulalio Lalo Gomes, muerto en un confuso operativo fiscal-policial el pasado lunes, dejó percepciones asimétricas en el bloque opositor de la Cámara de Senadores.
De acuerdo con las declaraciones de la legisladora de la bancada Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, el procedimiento en la residencia del parlamentario colorado fue una quema de archivo para que no sea sometido a un proceso, ya que él sabía “informaciones muy preciadas” que se llevó a la tumba.
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“No tenía que tener ese final. Este señor pudo dar los nombres de personajes políticos involucrados, porque yo no creo que él haya operado solo”, sostuvo.
La opositora señaló que los agentes especiales de la FOPE y de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible, Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) tenían rodeada la casa, por lo que le parece insostenible que no lo hayan capturado con vida.
“Todo a mí me lleva a indicar que se trata de una quema de archivo. No querían atraparlo a este señor con vida y someterlo a proceso”, subrayó.
“No sé para quién es un procedimiento exitoso. Pero para la población no, porque al final Lalo se llevó informaciones importantes que, si hubiera sido sometido a un proceso, íbamos a saber quiénes están detrás de toda esta narcopolítica que definitivamente se instaló en el país”, reforzó.
“Explicaciones no tuvieron sentido”
Asimismo, a la legisladora no le convenció la respuesta del ministerio del Interior, Enrique Riera, quien supuestamente declaró desconocer el procedimiento, porque la Policía Nacional está bajo su subordinación. No obstante, no cree que sacarlo de la institución sea una solución.
“No sé si vamos a resolver el tema sacándole a Riera. Riera hace el papel de idiota o de muy vivo. Él no puede manifestar que él no sabía nada. Él dice que solo está para la parte política y que se encarga de comprar los papeles, fusiles. Pero ¡por favor! Acá nadie puede estar deslindado responsabilidades en un hecho tan grave”.
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A Paredes tampoco le resulta suficiente la excusa del costo de las cámaras para no tener la grabación del operativo de Pedro Juan Caballero, porque incluso se pudo haber filmado con el celular, según consideró.
“Inventen otras excusas (para no comprar cámara). La próxima hacemos una pollada y le compramos camaritas que en Ciudad del Este se vende a USD 3 y les damos a los muchachos”, ironizó.
“Todo se explicó con lujo de detalles”
Muy diferente a la postura de Yolanda Paredes, el senador Eduardo Nakayama mostró que salió conforme de la sesión reservada en el Senado.
“Personalmente, yo quedé satisfecho con las explicaciones. Creo que fueron muy claras. Se han realizado preguntas y repreguntas a los intervinientes y todas esas dudas han sido despejadas”, valoró.
Según Nakayama, se respondieron con “lujo de detalles” las dudas en torno al horario nocturno del procedimiento, la orden de allanamiento y la operación en sí.
“Nos explicaron cómo se dio el suceso, cómo se inició la balacera, nos mostraron imágenes de la escena donde sucedió eso, nos mostraron las vainillas. Todo eso está ya en poder de la Fiscalía, que debe analizar si la versión oficial de la Policía es correcta o no”, expresó.
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A diferencia de Paredes, Nakayama celebró el operativo y mostró su acuerdo con el actuar de los intervinientes, porque “cuando hay un allanamiento, no existe el riesgo cero”.
“Existe una posibilidad siempre, sobre todo cuando hablamos de crimen organizado, de que se abra fuego por parte de los allanados. Por eso, se toman las medidas de seguridad de enviar fuerzas especiales o fuerzas que están dispuestas a responder al fuego”.
Otro punto que convenció a Nakayama fue el motivo del desconocimiento del operativo por parte del ministro Enrique Riera y el comandande de la Policía, el comisario Carlos Benítez.
Para Nakayama, las dudas fueron despejadas.
— Telefuturo (@Telefuturo) August 22, 2024
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“Hasta horas antes de que se produzca el allanamiento, los mismos intervinientes, los policías, no sabían de quién era la casa. Sabían que podía ser un diputado o un legislador, pero no tenían mayor información porque eso se maneja de esa manera, para que no se filtre la información”, declaró.
Sobre la línea, el parlamentario aseguró que la hipótesis de la ejecución quedó “desvirtuada”, porque “hay muchos otros elementos objetivos que se pueden relevar como pruebas para demostrar cómo sucedieron los hechos”.
“Tenemos que apoyar a las instituciones”
Si bien, para la senadora Paredes, la consecuencia política del caso Gomes debía ser el juicio político a Peña y la destitución de Riera y Benítez, para Nakayama lo correcto fue “poner paños fríos a la situación” para evitar una inestabilidad política en un contexto en donde se logró el grado de inversión.
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“Nosotros tenemos que apoyar a las instituciones. Yo creo que el hecho de que el Gobierno se haya puesto, digamos, del lado de las instituciones, independientemente de que se trataba de un legislador de su equipo, es algo que yo tengo que celebrar”, manifestó.
Puntos que coinciden
Para ambos legisladores opositores, resulta muy llamativo el presunto cajoneo de los antecedentes de Lalo Gomes por parte del Ministerio Público, ya que los informes sobre irregularidades datan desde 2021.
También cuestionaron que un sobrino del diputado sea jefe antidrogas en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), según reveló Riera en la víspera.
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Justamente, por ese motivo, la Senad no tuvo participación en el operativo, de acuerdo con la senadora Paredes.
Por otra parte, coincidieron en la fragilidad del control del financiamiento político, atendiendo las inconsistencias en la Declaración Jurada presentada a la Controlaría General de la República por parte del ex diputado cartista.
“El caso del diputado Lalo Gomes es preocupante desde el momento en que él llegó a un cargo electivo como diputado, sin que ninguna de las instituciones encargadas de controlar esto hayan dado la señal de alerta”, subrayó Nakayama.
