14 may. 2025

Ordenan captura del ex titular del Indert Luis Ortigoza

El Tribunal de Sentencia declaró la rebeldía y ordenó la captura del ex titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Luis Ortigoza, por ausentarse al inicio de su juicio por presunta estafa.

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El ex titular del Indert Luis Ortigoza, con orden de captura.

Foto: Archivo ÚH.

Los jueces de Sentencia María Luz Martínez, Blas Imas y Elio Ovelar ordenaron este lunes la detención del ex presidente del Indert Luis Ortigoza, quien soporta un proceso por estafa por la supuesta venta irregular de tierras de la Reserva del Mbaracayú.

Ortigoza debía presentarse al juicio oral y público, que se inició esta mañana, pero por supuestas razones de salud no llegó. Como justificación presentó un reposo médico que no está visado por el Ministerio de Salud, por lo que no es considerado válido como prueba en la audiencia.

No obstante, sí se inició el juicio para los demás procesados en la misma causa, Feliciano Romero Rodríguez, Juan Ramón Sosa Fretes y Andrés Francisco Argüello Román.

Nota relacionada: Se suspende por séptima vez juicio de ex presidente de Indert

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En setiembre del año pasado, Ortigoza fue multado por las reiteradas recusaciones infundadas que presentó en sus causas.

El juicio es por una causa de supuesta venta irregular de tierras de Itaipú, que forman parte de la reserva del Mbaracayú y que habría ocasionado un daño patrimonial a la institución por G. 40.000 millones.

Según la acusación del Ministerio Público, las tierras fueron supuestamente vendidas por Ortigoza mediante dictámenes jurídicos inexistentes e informes técnicos falsos, ya que nunca pertenecieron al Indert. Cinco de estos lotes se ubican dentro del refugio biológico, por lo que no podían ponerse en venta.

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El ex presidente del Indert se encuentra procesado por otras causas durante la presidencia de Federico Franco. Uno de los casos es la compra por parte del Indert de una propiedad de 5.742 hectáreas en Cordillera, de la empresa San Agustín SA, por G. 60.294 millones, de las cuales el Estado solo llegó a pagar G. 46.000 millones.

La segunda imputación fue por supuestamente adjudicar a un árabe un lote de 10 hectáreas, perteneciente al aeropuerto municipal de Capitán Bado, Amambay, y otra por presunta adjudicación irregular de 13 lotes ubicados en la colonia Pablo Lagerenza, del distrito de Bahía Negra, como tercer proceso.

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