Una reacción muy negativa fue la que desató en la comunidad jurídica la propuesta del diputado liberal Édgar Ortiz de presentar un proyecto que habilite la pena de muerte en Paraguay en casos de secuestro, abuso y feminicidio, para lo que planteó una enmienda constitucional.
El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) se expidió públicamente sobre el tema rechazando que un legislador desarrolle actos que banalicen derechos e incluso advirtió que no confían en procesos políticos que ponen en riesgo la democracia.
“Rechazamos rotundamente que una autoridad pública banalice los derechos humanos y ponga en duda principios fundamentales establecidos constitucionalmente. No confiamos en cualquier proceso político que ponga en riesgo nuestra democracia y derechos humanos”, expresó a organización.
Incluso, el CEJ fue más puntual al pedir que mayor formación en torno a estos asuntos.
“Exigimos a las autoridades que se formen en cuanto al conocimiento de conceptos tales como progresividad en materia de derechos humanos y la prohibición de retrocesos en la aplicación de estándares de derechos humanos”, añadió.
La organización jurídica apuntó que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y el Estado debe abstenerse de banalizar principios básicos de protección inviolables y vinculantes con normas jurídicas de las que está obligado.
“Con estupor nos hacemos eco de las expresiones de autoridades nacionales que mencionan la posibilidad de avanzar a un proceso de consulta para una Convención Nacional Constituyente para bajar los estándares de derechos humanos establecidos en leyes nacionales e internacionales, estándares que no solo están obligadas a cumplir, sino a defender porque constituyen la base de toda democracia”, señaló.
Igualmente, exigieron que no se realicen amenazas con expresiones de retroceso, en referentes a este tipo de castigos.
“Como Centro de Estudios Judiciales (CEJ), no podemos quedarnos callados ante tamaña expresión que como sociedad escuchamos de representantes los que no pueden pasar por alto la historia de lucha por las libertades y la creación de instituciones de protección. Mínimamente exhortamos se abstengan de amenazar con expresiones de retrocesos que atenten contra el Estado Social de Derecho”, sentenció.
Finalmente, el CEJ pidió al Estado que haga su trabajo.
“El Estado es el único responsable de generar las políticas de seguridad y protección de nuestra integridad física y protección de condiciones para un goce del derecho a la vida sin restricciones, cuentan con presupuesto y con funcionarios que deben hacer su trabajo y encontrar resultados en la gestión pública, no así bajando los estándares de derecho para su población”, concluyó.
No confiamos en cualquier proceso político que ponga en riesgo nuestra democracia y derechos humanos. CEJ, comunicado.
