Por ejemplo, desde Paraguay, dos firmantes son Josefina Duarte, presidenta del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y Camilo Filártiga, presidente de la Asociación de Ciencia Política del Paraguay (ACIPP). Duarte señaló que en nuestro país existen versiones que señalan que en el 2021 tampoco se realizarán las elecciones municipales, ya postergadas este año. “En nuestro país estamos viviendo una muy debilitada democracia. Es preocupante la situación. Quieren trasladar nomás las elecciones o suspenderlas directamente, lo que significaría un retroceso”, advierte Duarte.
Por su parte, Filártiga señala que el documento hace un llamado a una política y a un liderazgo con visión de futuro, que pueda ayudar a superar los déficits de representación y de eficacia que la democracia viene mostrando hace tiempo, y que, “por supuesto, impactan negativamente en su legitimidad”.
Además, detalla que la declaración insta a los poderes del Estado que hagan un uso responsable “de las medidas y poderes extraordinarios que le fueron atribuidos en pandemia”, y se enfatiza que la emergencia no puede ser vista como un cheque en blanco para debilitar los controles y las rendiciones de cuentas.
MÁS. En efecto, el mensaje indica que la crisis sanitaria representa una alerta “que demanda la necesidad de impulsar medidas dirigidas a superar los actuales niveles de desigualdad, pobreza e informalidad, los cuales constituyen no solo el principal obstáculo al desarrollo, sino también el caldo de cultivo para las ‘soluciones’ populistas y/o autoritarias”, y son fuente de la violencia criminal organizada, una amenaza que debe ser combatida con los instrumentos legales del estado democrático de derecho.
La declaración agrega que si la pandemia obliga a aplazar elecciones, estas decisiones deberán hacerse por razones estrictamente sanitarias y estar basadas en un amplio consenso político-social. “En ese marco, tanto los organismos del Estado como de la sociedad civil deben propiciar los mecanismos de control en la asignación de ayudas y subsidios estatales, para evitar que ellos generen presiones y clientelismos”, apunta.
Además, se advierte que los datos que están “en manos del Estado para hacer frente a la emergencia sanitaria” no sean utilizados “por los gobiernos como un instrumento de control y autoritarismo”.