Susana Oviedo
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Rafael Filizzola es abogado, docente, y político. Desde su posición de senador opositor reflexiona en esta entrevista sobre la grave situación que se desnudó el lunes último y que demuestra que la Justicia en el Paraguay está sometida al dinero, a políticos en posición de poder y a mafias. Que un organismo como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que juzga y evalúa la actuación de fiscales y jueces, es permeable a las dádivas, incluso proveniente del narcotráfico, para emitir sentencias a medida, blanquear a agentes del Ministerio Público y magistrados de cuestionada conducta. En la trama aparecen involucrados, hasta ahora, el renunciante diputado, Orlando Arévalo (cartista), miembro del JEM en representación de Diputados, y el fallecido, también diputado cartista, Eulalio Lalo Gomes, de Pedro Juan Caballero. Capturas de las conversaciones entre estos dos personajes y fiscales y jueces que les pagaron para zafar de ser sancionados por el JEM, demuestran un activo esquema de blanqueo, lavado de dinero y distorsión de la justicia sigue activo.
–¿Qué observaciones preliminares le surgen sobre el escándalo que tiene por protagonistas al renunciante diputado, Orlando Arévalo y el fallecido Lalo Gomes que revelan un entramado de tráfico de influencia, lavado de dinero y otros?
–En primer lugar, la inicialmente escandalosa falta de acciones concretas de parte de los diferentes entes que trataron de poner paños fríos y esperar a ver qué pasaba. Al comienzo la respuesta ante la gravedad del caso descubierto ha sido tibia.
Esto, pese a que en los chats aparecen fiscales como Lorenzo Lezcano, por ejemplo, el que mató el caso relacionado con la operación Smart, en el que el Comando Tripartito tenía en la mira al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ante las sospechas de liderar un clan familiar dedicado al narcotráfico y el lavado de dinero.
Él está en los chats y hasta ahora no está dentro de ningún proceso. Tenía dos informes del Comité Tripartito donde se describía totalmente cuál era la conformación de la organización criminal de Marset. Con toda esa información, no hizo ninguna diligencia y archivó el caso. Después vino A Ultranza.
¿Por qué es tan significativo todo esto que nos revela los chats vinculados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y los dos diputados? Porque, por ejemplo, la hipótesis más seria de la autoría moral del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci está vinculada con A Ultranza.
Si bien él no estaba directamente involucrado, sí tenía porciones de los hechos. Y fíjate, hoy sale el chat entre una jueza de Pedro Juan (Carmen Silva) que le dice al entonces diputado Lalo Gomes que intermedie para que el juzgamiento del narco Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, sea juzgado en Amambay y no en Asunción ante el temor de que el fiscal Marcelo Pecci, pida 20 años.
Estamos antes fiscales y jueces que están en cuanto asunto turbio hubo en los últimos tiempos. Ante esto, uno dice: ¿Cómo podían seguir siendo fiscales o jueces?
–Por algo estaban siendo juzgados por el JEM, ¿no?
–La fiscala Stella Mary Cano aparece en audios recibiendo instrucciones para tumbar el gobierno municipal democrático del intendente Mario Ferreiro para que después sea puesto en el hecho en su lugar Nenecho. Ella salió de vacaciones.
La jueza Sadi López, también intercambiando mensajes para lograr su blanqueo en el JEM, ahora renuncia para acogerse a una jubilación de privilegio. Uno esperaba que de entrada todos estos fueran suspendidos.
Necesitamos actuaciones más contundentes de parte de instituciones como el Ministerio Público que, ciertamente, creó un equipo de investigación en el que incorporó a un personaje lamentable, que luego debió reemplazar.
Que actúen con mayor fuerza el propio JEM, la Corte Suprema de Justicia...
–¿Y la Contraloría?
–Por supuesto. ¿Cómo es posible que un funcionario gasta dos mil millones en la construcción de su casa, bajo las narices de la Contraloría? O que fluya todo un dudoso movimiento financiero entre Lalo Gómez y Arévalo, ¿cómo puede ser que el banco no hizo el ROS (reporte de operaciones sospechosas)? Tiene que intervenir también la DNIT, porque acá evidentemente hay lavado dinero.
Hay que hacer una salvedad: Hay jueces y juezas, fiscales y fiscalas muy honestos y muy valientes. Uno de ellos fue Marcelo Pecci, a quien lo mataron, pero hay muchos y muchas más.
Entonces en honor a ellos y a la gente que sufre una justicia sometida a la mafia y al poder político, tenemos que hacer las reformas que necesita el sistema de Justicia.
Acá lo que hay es una organización criminal que opera dentro del sistema de Justicia. Opera para cobrarte.
Pero también actúan como empleados, y empleados baratos de los narcos, porque además son baratos, porque se quejan de que ellos le pueden cobrar menos a los narcos que lo que le tienen que pagar al JEM, como dijo una de las fiscales, que estaba pidiendo su blanqueamiento.
Acá hay un esquema criminal. Ahora es Arévalo, en 2017 fue Óscar González Daher. Entonces entregaron la cabeza de este y ahora la de Arévalo, (vamos a ver hasta dónde llegan).
–¿Qué medidas debieron haberse tomado ya en 2017 al quedar en evidencia toda esa trama que existía entre el poder político y el JEM para hacer lo mismo que estamos conociendo de Arévalo y Lalo Gomes?
–Entonces hubo algunas medidas desde el Congreso. Por ejemplo, se nombraron representantes que no pertenecían a la rosca y que divulgaron muchos hechos. Entre ellos, Eduardo Petta, Pedro Santacruz que marcaron una diferencia, pero al no haber cambios sistémicos, duró mientras estuvieron ellos, y las organizaciones criminales se retrajeron un poquito, pero después volvieron con todo, se reactivó el esquema hasta que llegamos a situaciones más escandalosas.
Gracias al cartismo, hemos tenido a dos miembros del Jurado que no son abogados (por Hernán Rivas y Orlado Arévalo). O sea, ¡tocamos fondo!
Nadie me va a convencer que Rivas era abogado. No conozco un abogado que sea el único egresado de una promoción. Además, qué trayectoria tiene como tal. Igual sucede con Arévalo.
–¿Qué diferencia halla entre el tráfico de sentencias y extorsiones que realizaba González Daher en el JEM y las acciones de Arévalo, en complicidad con Lalo Gomes?
–La trama que estamos conociendo ahora es mucho más grave por varios motivos. Al descubrirse el caso de González Daher la respuesta fue inmediata y contundente, y lo que hacía, que no deja de ser grave, era operar en casos vinculados a intereses muy particulares, como cobrar cuentas, hacerle perder el juicio a fulano, apretarle al juez para que le condene a mengano. Era más bien una cuestión de negocio.
Probablemente, había más cosas que no sabemos, pero hasta lo que se supo fue eso.
Sin embargo, en el caso Arévalo-Lalo Gomes vemos a fiscales actuando como empleados de los narcos.
Son fiscales infiltrados del narcotráfico en el sistema de justicia. Fiscales y jueces. Y quien hace de mediador entre ellos y el JEM era una persona investigada por narcotráfico, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y cuyo hijo claramente también está involucrado en todo esto. Es mucho más grave, mejor documentado y además todo sale de una investigación penal.
–¿Cómo blindar o qué hacer con el JEM para que no sigan el mismo mecanismo extorsivo y se reoriente a los fines originales de la institución?
–Estamos estudiando reformas legales. En el caso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tenemos más margen que con el Consejo de la Magistratura que está mejor regulado en la Constitución.
Por ejemplo, en la ley actual se puso todo tipo de obstáculos para desalentar que la gente denuncie a magistrados o fiscales. Por ejemplo, hay que demostrar solvencia para presentar la denuncia. Y si no, hay que pedir una declaración de insolvencia con todo lo que eso implica. Además, si tu denuncia es considerada temeraria, de mala fe, ya te pueden sancionar. O sea, todo para desalentar que se denuncie. Y si finalmente es absuelto el juez o el fiscal, estás expuesto a responsabilidades civiles y penales. ¿Quién se animaría? Hay que tener una espalda impresionante.
–¿Hay posibilidad de que se modifique la ley que reglamenta el JEM?
–Sí, pero hay que tener voluntad política para esto.
Estamos actuando con mucha prudencia porque siempre existe el temor de que la ley se bastardee aún más. Por eso tiene que haber mucha participación ciudadana para que acompañe esto.
Acá el objetivo debería ser que tengamos una ley orientada a garantizar que el JEM, en primer lugar, deje de ser una agencia de extorsión, porque más allá de que amparan a los narcos, a los amigos y todo lo demás, y persiguen a los adversarios.
Es también una agencia de extorsión. Muchos fiscales y jueces, con mucha razón, se quejan de esta situación.
Así que, por un lado, la ley tiene que buscar un objetivo que no se le persiga a aquellos magistrados decentes.
En este sentido, la Corte puede hacer mucho, porque finalmente, un fallo que es claramente arbitrario, debería poder ser revisado por la Corte.
Por otro lado, tenemos que tener una composición de altísimo nivel. Un juez de jueces no puede un abogado de dudosa, por no decir nula experiencia jurídica.
Recuerdo que en el representante de los abogados en el primer consejo de la magistratura era Federico Callizo. Constitucionalista, doctor, una eminencia jurídica. Y otros muy solventes, con una trayectoria y señorío.
No es que la Constitución está mal hecha, ni que la institución no sirva, como dicen algunos. No, la Constitución está mal aplicada porque la política prefiere un poder judicial sumiso y sometido. Y que sea funcional al poder político. Y en este caso una parte del poder político es funcional al crimen organizado.
Entonces, lógicamente ahí estamos ante una tormenta perfecta que nos puede llevar a ser un Estado fallido, un narcoestado.
–Cuando estalló esta nueva tormenta política que afecta al oficialismo, la diputada Rocío Vallejo propuso la pérdida de investidura de Arévalo y enseguida la amenazaron con lo mismo, ¿cree que pudo haber prosperado la expulsión de Arévalo?
–No sé si eso va iba a salir o no. Hubo inclusive voces contradictorias dentro del mismo oficialismo.
Hay que entender que Orlando Arévalo es apenas un peón. Es la cara del momento. Lo que demuestran los chats entre él, desde su posición en el JEM, y Lalo Gomes es mucho más grande.
Ahora ya no va a estar Arévalo en el JEM, pero si no se toman medidas radicales, va a haber otro Orlando Arévalo.
Es más, entre González Daher y él habrá habido alguno que hicieron lo mismo.
A pesar de que la respuesta hacia González Daher fue contundente, fuerte, pese a que era intocable, uno de los hombres más poderosos del Congreso, el esquema siguió intacto. Las llamadas y presiones siguieron. Se ve claramente.
–¿Qué reflexión le merece el hecho de que haya fiscales y jueces tan venales, corruptos y sin ética que no tienen inconveniente de recurrir a una persona vinculado con el narcotráfico para no ser sancionado o que tuercen sus actuaciones a favor de narcos?
–Lo que estamos viendo ahora, la descomposición en el ámbito de la justicia, empieza ya con la universidad. Estamos sacando 3 mil abogados por año. Egresan de facultades que no garantizan la más mínima calidad. Y los concursos que se hacen para acceder a los cargos no garantizan la meritocracia.
Entonces tenemos el corrupto ya sea por la mafia de los pagarés, ya sea por la del narcotráfico.
Los primeros afectan en el día a día a tu vecino, a tu familia. Causa mucho perjuicio. Algunas veces se quedan con tu casa y vos ni te enteraste. Y después está ya el que le ampara a los narcos.
En algunos países, la matrícula de abogado se obtiene solo después de realizar varias pasantías. El egresado debe pasar por el Poder Judicial y por el sector privado. O sea, no es que te dan el título de abogado porque hiciste cuatro años o cinco años de facultad. El proceso para ejercer el derecho u ocupar cargos en la judicatura o en el Ministerio público es muy riguroso.
Lo que tendríamos que hacer en Paraguay es incorporar a nuestro sistema la carrera judicial que implica un proceso de selección con exámenes. En algunos casos, inclusive, hay que presentar ponencia. Por ejemplo, te dan un tema y te dan cinco o seis horas para que prepares una argumentación magistral. Hay muchas reformas que se tienen que hacer en el Poder Judicial.
–¿Quién debería impulsar esto?
–Y la Corte podría hacer porque tiene funciones de superintendencia. Aunque en realidad tendríamos que discutir entre el Congreso, la Corte y con el Ministerio Público un sistema de carrera judicial.
–¿La calidad de la formación de los abogados, incluyendo en universidades garages, se nota en las imputaciones y acusaciones?
–Síii. Recuerdo un caso de hace unos pocos años, durante la pandemia. Una persona entra al patio de otra para sacar unos pomelos. Típico robo bagatelario. Creo que pasó una muralla. La causa caratularon como robo agravado, y le dieron prisión preventiva de entrada. El acta de imputación era de una página. Otro caso emblemático es el del ex ministro de Educación, Beto Rial. Estamos en manos de gente ni siquiera justifica una causa seria en tu contra y te puede privar de tu libertad. ¡Son un peligro! En otros países la academia es muy importante para el control por medio de la doctrina. Hay un debate cuando la Corte resuelve algo o un tribunal o cuando se le está juzgando a alguien. Los fallos judiciales se analizan en el ámbito académico. Hay que revisar todo el sistema. Esto a mí me parece muy importante porque el Poder Judicial es el último amparo y refugio de la ciudad. El Poder Ejecutivo puede cometer arbitrariedades, injusticias, pero uno puede recurrir al Parlamento o puede recurrir al Poder Judicial. El Parlamento puede sacar leyes malas, podemos equivocarnos, pero se puede recurrir ante el Poder Judicial. Pero si el Poder Judicial te persigue o si el Poder Judicial ampara a los narcos, no hay ya nadie a quien recurrir.
