Ahora ni siquiera llegamos a la primera quincena de enero y se registraron nuevos casos de violencia hacia mujeres y niñas entre maltratos, abusos sexuales y feminicidios.
El 7 de enero fue asesinada una madre de dos hijos en Ñeembucú; el 9 de enero fue encontrado el cadáver de una joven indígena en Curuguaty; el 10 de enero fue asesinada una mujer brasileña en Bella Vista y dos días después una mujer gravemente herida llegó hasta un hospital, donde fue crucial la actuación de los médicos que identificaron a la paciente como una víctima de violencia de género y alertaron a las autoridades.
El compromiso del personal de blanco permitió llegar a cinco menores de edad que estaban bajo custodia de la víctima y su pareja. Entre ellos estaba una niña con un profundo corte en la cabeza que permanece internada.
Siguiendo con la lista de niñas víctimas, en la primera semana de enero una niña de 11 años, con una gestación de seis meses, fue rescatada en Santa Rita. Días después quedó internada otra niña de 13 años con 35 semanas de embarazo. No está de más recordar que al tratarse de niñas gestantes, hablamos de niñas abusadas.
Es importante puntualizar los casos, especialmente para los negacionistas o para quienes siempre intentan culpar a las víctimas. La ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia fue un paso importante para entender en primer lugar las características de la violencia de género, tanto para las autoridades intervinientes como para la sociedad, pero aún se detectan debilidades institucionales para revertir las alarmantes cifras.
En este aspecto, la investigadora y activista por los derechos de la mujer Line Bareiro explica que Paraguay, como Estado parte de las Naciones Unidas, debe tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de conducta a fin de eliminar la violencia.
Si bien la legislación vigente desde diciembre de 2016 propone medidas para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, para eliminar la discriminación y la violencia, así como promover la participación de la mujer en los espacios de decisión, las diferentes instituciones públicas involucradas no terminan o, en muchos casos, ni empezaron a implementar planes para su cumplimiento.
El Ministerio de Educación y Ciencias hasta ahora se niega a un plan real de educación sexual y el único argumento es la doctrina religiosa del ministro Eduardo Petta, mientras que en el lado opuesto, la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, fue interpelada en el Congreso Nacional por intentar desarrollar un plan que garantice el cumplimiento pleno de los derechos de los niños y las niñas, que a su vez apunta a evitar nuevos casos de violencia hacia la mujer.
Es allí donde se debe trabajar para cambiar los patrones de conducta que menciona Line Bareiro; en la prevención, además de atender las consecuencias inmediatas de los distintos tipos de violencia.
Mientras varios puntos de la ley se encuentran pendientes de aplicación y sin ninguna atención por parte de los legisladores, todavía quedan vestigios del bochorno de los diputados que interpelaron a Teresa Martínez, quien dejó en evidencia la hipocresía de algunos y el desinterés de otros de cambiar la realidad.
Los diputados aún deben definir el voto censura a la ministra al retorno del receso parlamentario. Aguardarán que la vergüenza nacional pase al olvido y que les perdonemos que antes que aportar para lograr la igualdad hayan estorbado una vez más en un intento de avanzar hacia los derechos integrales.
