Los casos de puerta giratoria, repudiados por varios referentes políticos y por el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, siguen en aumento principalmente en el entorno cartista, sumando el abuso impune que hace este sector político económico de esta figura no penada en la legislación paraguaya.
El último caso polémico fue el pase de Diego Duarte Schussmuller, quien renunció la semana pasada como director del Banco Central del Paraguay (BCP) para asumir el cargo de director ejecutivo del Banco Regional, del Grupo Cartes.
Existe un proyecto sobre conflicto de intereses, que contempla la prohibición de la puerta giratoria, que es cuando un alto cargo público va a una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública.
La propuesta, sin embargo, duerme en la Cámara de Diputados, sin contar siquiera con dictamen de comisión, por trabas principalmente de Honor Colorado.
No obstante, si bien Marito cuestionó esta práctica, su movimiento político, el oficialismo, tampoco impulsa soluciones ni empuja el proyecto ya presentado.
El diputado Hugo Ramírez, de Fuerza Republicana, es hasta el momento el único colorado que se pronunció sobre el hecho.
“Es urgente tratar el proyecto de ley de puerta giratoria. Si la información de que un miembro del Directorio del BCP va a ocupar un cargo en el Regional estamos nuevamente ante un caso donde perdemos profesionales que se formaron en el sector público”, expresó antes de que se confirme la información.
BCP. El cartismo hizo uso y abuso de las puertas giratorias y con este último caso, se evidencia que sigue con la práctica aventajando a su grupo empresarial. Duarte también estuvo, además del BCP, en el Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Hacienda.
Igualmente, Carlos Fernández Valdovinos pasó de ser presidente del BCP a ser director en Basa.
HACIENDA. Entre otros casos notorios está el mismo Santiago Peña, precandidato de Honor Colorado a la presidencia. Actualmente es director titular del Banco Basa, habiendo sido ministro de Hacienda y formado parte del BCP.
INC. Otro hecho alevoso fue cuando Cartes, luego de terminar su periodo en la presidencia de la República, llevó al ex presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC) Jorge Méndez, como gerente de su cementera, Cementos Concepción (Cecon), aprovechándose de información valiosa. Cartes inició la cementera incluso después de haber puesto trabas durante su gobierno a la cementera italiana Colacem, que quiso instalarse en Concepción.
PETROPAR. Lo mismo sucedió tras la apertura de las estaciones de servicios Enex, por parte de Cartes, quien nombró como gerente de su empresa privada a su ex presidente de Petropar, Eddie Jara
También pasó a Enex como gerente de Operaciones y Logística Enrique Galli Capurro, quien fue director en Petropar.
INDUSTRIA. El ex ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite es otro alto funcionario, que giró al sector privado. Actualmente forma parte de HC Innovations como asesor.
MOPC. El ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona es gerente de Farmacenter, una cadena de farmacias recientemente adquirida por el Grupo Cartes.
Abdo cuestionó estos hechos, además de la concentración de poder, en el marco de la interna del Partido Colorado, sin hacer nada.
“Quieren volver (el cartismo) para ser tan patriotas, de sacar conocimiento del Estado para hacer una cementera que le compita a la INC, donde el ex presidente hoy está a cargo de la empresa privada (Jorge Méndez). O no es el ex presidente de Petropar (Eddie Jara) hoy gerente de Enex”, expresó Marito en su discurso.
Proyecto es ignorado en Diputados
El 29 de marzo de 2021 se presentó un proyecto de ley que define, previene y sanciona el conflicto de intereses, y amplía la Ley 5295/2014, que prohíbe el nepotismo en la Función Pública. Sin embargo, todavía no existe dictamen alguno de las comisiones de la Cámara de Diputados, dejando la normativa, poco conveniente, dormida en la burocracia.
Entre otros puntos, el proyecto señala que las personas que han ocupado cargos públicos no podrán, por el periodo de dos años, trabajar en una empresa del sector privado con la que mantuvo una vinculación directa o participó en contrataciones.
La ley también establece la declaración jurada de intereses de cada funcionario, incluyendo a sus familiares, para evitar un posible conflicto. Si no se presenta la declaración o se falsean datos, deberá pagar multa y será castigado con la prohibición de ocupar un cargo público por 10 años.
Del mismo modo, la propuesta presentada por el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad, incluye la prohibición de nepotismo, es decir, ninguna autoridad pública podrá contratar directamente a un familiar.
