La mujer trabaja en una institución estatal y, en el 2015, hizo préstamos por G. 5.040.000, de la firma Vanessa SA & Asociados, aunque por la misma deuda, también firmó pagarés con la empresa Vaness SA & Asociados, ambas con el mismo correo electrónico y domicilio en Fernando de la Mora. Supuestamente, venden electrodomésticos.
Romero autorizó el cobro de las cuotas a través de descuentos del Banco Nacional de Fomento, por lo que, con las deducciones de ambas empresas, entre el 8 de enero del 2015 y el 5 de febrero del 2018, canceló la deuda.
Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando en el 2020, recibió un embargo de un juicio que se hizo en Nueva Italia, ante la jueza Norma Barrios (que ya renunció). La nueva jueza, el 24 de marzo del 2022, anuló todo el juicio porque habían denunciado como domicilio de la deudora una entidad estatal, a más de otras irregularidades.
EN EL CHACO. Tras la nulidad del juicio en Nueva Italia, a través de la abogada Zully Ortiz Garcete, la firma Vanessa SA & Asociados demandó de nuevo por Reconocimiento de Crédito y Cobro de Guaraníes, pero en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, el 5 de agosto del 2022.
Supuestamente, aunque la deudora vivía en Asunción, y la empresa era de Fernando de la Mora, la deuda debía pagarse en esa localidad chaqueña. La abogada presentó un poder del 7 de noviembre del 2014, ocho años antes.
La demanda fue notificada el 24 de setiembre del 2022, a una dirección inexistente en el barrio Sajonia. Incluso, el ujier Julio César Ríos Acosta, agregó una foto de la casa, que no existe en esa zona de Asunción. Así, el juicio siguió en rebeldía, ya que Alicia Romero no se presentó, porque nunca le notificaron.
Para ese tiempo, en octubre del 2022, la abogada Zully Ortiz Garcete fue suspendida por seis meses en el ejercicio de la profesión por la Corte Suprema. Así, otro abogado, Hugo Moisés Correa, se presentó al juicio.
Tras declarar en rebeldía a la demandada, le notificaron de nuevo a Alicia Romero, pero a una nueva dirección inexistente, en el barrio Loma Pytã, de Asunción, otra vez, con la foto de una casa. La calle que se cita es de Remansito. Lo peor es que en el expediente, nunca denunciaron este nuevo domicilio.
SENTENCIA. Después, el caso se abrió a prueba, y el juicio siguió. Tras los supuestos trámites, ya que se presentó como prueba solo los documentos que completó, porque la deudora tiene copia de los originales en blanco, la abogada pidió sentencia el 20 de setiembre del 2023.
El fallo del juez Roberto Ferreira hizo lugar a la demanda por G. 5.040.000, por sentencia 1.491 del 19 de octubre del 2023, lo que también fue notificado a la dirección inexistente en Loma Pyta, pero esta vez, por la ujier Ruth González Rivarola, el 15 de diciembre de 2023. Incluso, la notificación dice que se hizo en Benjamín Aceval.
El 2 de octubre del 2023, la abogada Zully Ortiz García solicitó la regulación de honorarios. El 17 de noviembre del 2023, el juez le concedió la suma de G. 1.260.000, más 126.000 de IVA.
Luego, la abogada presentó una liquidación por la suma de G. 17.372.000, donde incluía los honorarios profesionales por G. 2.520.000, más el IVA de G. 252.000, pese a que le habían regulado la mitad.
Ninguna de las resoluciones tiene sello de Estadística Judicial. La liquidación fue aceptada por el juez, por lo que la deuda total quedó en más de G. 17 millones, que ahora descuentan a la demandada.
La abogada cobrará dos veces honorarios. Embargó por G. 1.260.000 más IVA G. 126.000, que el juez le reguló el 17 de noviembre del 2023. Esto se descontará de la deudora. Sin embargo, pidió honorarios por G. 2.520.000 más IVA de G.252.000, que también fueron aprobados por el juez que ahora son descontados a la deudora.
En la liquidación presentada en el juicio, la abogada pidió el capital de G. 5.040.000, más los intereses, por G. 7.560.000, a los que se suman notificaciones por G. 1.500.000, sin que haya recibos por la cobertura de gastos. Se suman los gastos del Oficial de Justicia, por G. 500.000, también sin recibos y los honorarios 2.520.000 más el IVA.
