Horas antes nada más en el Congreso se desató un escándalo, con empujones y gritos entre senadores cartistas y de la oposición que denunciaban la violación de la Constitución Nacional con el juramento de la doctora Alicia Pucheta, atendiendo a que Enrique Kronawetter aún no tenía mandato fenecido.
El Consejo de la Magistratura, con la incorporación de la ex ministra Alicia Pucheta, conformó varias ternas que deberán ser analizadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para tribunales especializados contra el Crimen Organizado y Delitos Económicos.
En una de las ternas para el Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado contra el Crimen Organizado y Delitos Económicos figura el juez y presidente del Tribunal de Apelación Penal, Óscar Rodríguez Kennedy, quien es padre del intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez.
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Rodríguez Kennedy también ejerce la docencia y había reconocido su firma en el diploma del senador Hernán Rivas, cuyo título de abogado se encuentra en revisión por sospecha de falsificación. Kennedy se había incorporado a la Universidad Sudamericana como docente de Derecho en el 2013.
El integrante del Consejo de la Magistratura, quien había sido declarado significativamente corrupto por Estados Unidos, Jorge Bogarín, fue quien mocionó al padre del intendente.
La terna también la integran el juez Penal de Garantías en Crimen Organizado Gustavo Amarilla Arnica y la jueza de Sentencia de Delitos Económicos Elsa María García.
Para juez en lo penal de sentencia en Delitos Económicos fueron ternados Adriana María Planás Bajac, nieta del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), condenado a tres años de prisión por un hecho de coima.
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Asimismo, fue elegida la jueza penal de Presidente Hayes, Sonia Beatriz Villalba Idoyaga y el fiscal Aldo Cantero, uno de los que intimó recientemente a periodistas para que revelen sus fuentes en el caso de persecución pública denunciado por el ex presidente de la República, Horacio Cartes.
También fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño de sus funciones.
En otras de las ternas para juez en lo penal de sentencia contra el Crimen Organizado figura Pablino Daniel Barreto Alfonzo, pariente de Jorge Bogarín, quien se abstuvo de votar por dicha razón.
En la terna lo acompañan el juez Saturnino Fabián Iglesias Ojeda, quien había sido suspendido por la Corte Suprema de Justicia, además de otros dos integrantes del Tribunal de Sentencia, por aplicar una pena mínima en un caso de abuso que involucraba a un sacerdote en Encarnación, de nombre Félix Miranda Gamarra.
Además figura Artemio Rubén Lial Espinoza, ex fiscal que investigó el incendio de la Municipalidad de Encarnación y fue escrachado por vecinos por no investigar una denuncia contra la comuna.
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En otra de las ternas para el Tribunal de Apelación Penal Especializado contra el Crimen Organizado y Delitos Económicos se encuentran los jueces: Humberto Otazú Fernández, Silvana Luraghi y Gloria Hermosa, quien se había desligado de un caso que involucraba a un actuario por un caso de coima.
El actuario Víctor Mareco había pedido USD 30.000 para beneficiar a un narcotraficante con una pena mínima de cárcel. La jueza fue miembro del Tribunal de Sentencia que condenó a 5 años de cárcel a Ángel Osmar Ruiz Díaz, donde el Ministerio Público pidió solo la pena mínima en el caso.
Más ternas para cargos especializados
Otra de las ternas para el Tribunal de Apelación Penal Especializado contra el Crimen Organizado y Delitos Económicos se encuentran los jueces está conformada por los magistrados Manuel Aguirre Rodas, Claudia Criscioni Ferreira y Lourdes Elizabeth Peña Villalba.
Para jueces en lo penal de sentencia en Delitos Económicos están ternados: Ana Dejesús Rodríguez Brozon, abogada y docente, y los fiscales Luis Piñánez García e Itálico Adriano Renzi.
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La siguiente terna está integrada por la defensora pública Karina Jazmín Cáceres González, el asistente fiscal Juan Eduardo Gayoso Paiva y la abogada Juliana Valentina Ramírez Vera.
Para jueces en lo penal de sentencia contra el Crimen Organizado fueron elegidas dos ternas, una la que integra la jueza de Paz Odilia Maricel Rodríguez Arguello y los abogados Juan Alberto Dávalos Bogarín y Mariela Elena Bobadilla Martinez.
La otra quedó conformada por la jueza Anselma Inés Galarza Careaga, la asistente fiscal Yahiny Dayana Giménez León y el fiscal Luis Amado Said Fragueda.
Para los cargo de juez penal de garantías en Delitos Económicos fueron ternados la defensora pública Liz Paola Mongelós Aguilera, la relatora y abogada Evelyn Andrea Galeano Paniagua y el fiscal Rodrigo Estigarribia, otro de los fiscales firmantes en el oficio remitido a los diarios Última Hora y ABC Color para que informen sobre sus fuentes en la denuncia presentada por Cartes.
Para juez en lo penal de garantías contra el Crimen Organizado fueron ternados los jueces María Elena Cañete, Juan Francisco Recalde y el agente fiscal Osmar Legal.
Otra de las conformaciones para juez en lo penal de Ejecución de Delitos Económicos figuran: María Lidia Wyder Mendieta, defensora pública, Nora Carolina Céspedes Ledesma, actuaria del juzgado de Ejecución Penal y María del Carmen Portillo, relatora.
Finalmente, para el cargo de juez en lo penal de ejecución contra el Crimen Organizado se encuentran los abogados Carlos Luis Mendoza Peña, María Julia Díaz Alonzo y Derlis Fanego Otazu.
