Para comprenderlo, recuerda que la corrupción en Paraguay es de carácter histórico y estructural.
Desde hace décadas afecta a las autoridades en los niveles nacional y subnacional. Permea a las instituciones estatales y, por ende, al funcionariado público. Esto implica, además, que el nepotismo, el prebendarismo, el clientelismo y otras formas de corrupción “son toleradas e incluso aceptadas por una parte de la sociedad paraguaya y, en consecuencia, no son criticadas ni condenadas”, enfatiza.
A esta situación se suma que la Asociación Nacional Republicana (ANR) es un partido de tipo hegemónico, con más de 70 años en el gobierno.
Al respecto, diferentes investigaciones académicas y periodísticas han evidenciado “el uso del aparato estatal para el beneficio de los diferentes gobiernos colorados en los ámbitos nacional, departamental y municipal”.
Esta situación genera una gran asimetría para la competencia electoral con los demás partidos políticos del país. Entonces, dado que la mayoría de los dirigentes de la ANR –en diferentes periodos y en distintos niveles de gobierno– “se han beneficiado de esta situación de corrupción y han salido impunes, principalmente, por el deficiente trabajo de la Fiscalía General del Estado”, es comprensible la reacción hacia EEUU.
Resulta coherente que ahora no haya ningún tipo de autocrítica, sino un rechazo a las referidas sanciones del Departamento de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos contra Cartes y Velázquez, y que incluso los partidarios colorados propongan hasta medidas inviables o poco realistas, como la expulsión del embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, de Paraguay.
En julio y agosto del 2022, respectivamente, Cartes y Velázquez fueron designados “significativamente corruptos” por el Departamento de Estado. El primero, debido a su participación en actos de corrupción significativos y sus lazos con organizaciones terroristas. “Durante su mandato utilizó la presidencia del Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional”, fue la acusación.
El segundo, por sobornar a un funcionario público por más de USD 1 millón y la injerencia en los procesos públicos, según había informado el embajador Ostfield, al resaltar que el vicepresidente obstruyó una investigación que amenazaba sus intereses financieros. El jueves pasado, EEUU. anunció que bloquearon las cuentas de ambos, le prohibieron operar en el sistema financiero estadounidense y los incluyeron en la lista de vedados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Según la politóloga, es difícil predecir si estas sanciones tendrán algún impacto en el comportamiento electoral de abril próximo, cuando se celebren las elecciones generales en el país.
Reconoce que la imposición de sanciones internacionales específicas a autoridades políticas es inédita en Paraguay. “Sí es un hecho que hasta ahora los seis paraguayos declarados como significativamente corruptos por EEUU son altos exponentes de la ANR”, dice.
ELECCIONES. Existen otras variables a tener en cuenta para un impacto en el comportamiento electoral. Una de ellas es que “existe una intensa campaña de desinformación sobre lo que significa y lo que implican las sanciones norteamericanas para estos políticos”.
Basta leer los comentarios en las redes sociales y en los propios periódicos mediante perfiles falsos o personas afines a los sectores políticos, sostiene.
Otra variable constituye la campaña electoral que genere la Concertación frente a esta situación. “Es posible que estas sanciones no influyan en el voto duro colorado, pero es complicado saber si tendrá influencias en el voto independiente”, resalta.
Con respecto a la imagen del Paraguay, tras las nuevas sanciones de EEUU, la analista afirma que estas la afectan muy negativamente ante la comunidad internacional, “tanto frente a otros gobiernos como frente a potenciales inversores del sector privado”. Destaca que no es un hecho menor que el actual vicepresidente de la República y el ex presidente de la República, de apenas un periodo anterior, y actual presidente del partido de gobierno, hayan sido declarados como “significativamente corruptos” y además hayan recibido sanciones especiales de un país como Estados Unidos, “cuya influencia a nivel mundial sigue siendo preponderante”.
Está evidenciado el uso del aparato estatal para el beneficio de los diferentes gobiernos colorados en todos los ámbitos.
La imposición de sanciones internacionales a autoridades políticas es inédita en Paraguay. Los seis designados son colorados.
Es posible que las sanciones de EEUU no influyan en el voto duro colorado, pero sí en el voto independiente.
Sara Mabel Villalba,
doctora en P. Políticos.