La Asesoría Jurídica de la Presidencia de la Cámara de Senadores no dictaminó sobre la expulsión de la ex parlamentaria Kattya González que solicitó la Corte Suprema de Justicia.
A través de una nota firmada por el senador Basilio Bachi Núñez, en su rol como presidente del Senado, se devolvió a la Sala Constitucional la acción de inconstitucionalidad promovida por González para “el control constitucional de la Resolución 429/2023”, por el cual se reglamenta la perdida de investidura.
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Se amparan en varios artículos de la Constitución Nacional, específicamente en el artículo 3 del Poder Público; el 137 de la Supremacía de la Carta Magna; el 260 de las atribuciones de la Sala Constitucional de la Corte; y en el segundo párrafo del artículo 256, que establece que los fallos son libres.
El asesor jurídico, Sergio Godoy, indicó que, con base en esos artículos, concluyeron que la Cámara de Senadores ya hizo un “control constitucional” en la sesión del pasado 14 de febrero, donde se consumó el golpe cartista, y “notaron” que la Corte aún no hizo esa tarea.
“Consideramos que el campo de acción, el campo de decisión, está en manos de la Corte Suprema de Justicia y eso, en una breve y respetuosa nota, decimos y a través del presidente quien representa al cuerpo del Senado a la Corte Suprema de Justicia, que realicen el control de constitucionalidad de, y ahí viene la clave de todo, la Resolución 429 del 2023”, se lavó las manos.
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Godoy se respaldó, asimismo, en los archivos de las tapas de medios de comunicación que mencionaban “que establecer una mayoría calificada para la pérdida de investidura era un autoblindaje”.
El ex senador criticó el dictamen de la Fiscalía, que salió a favor de González, porque “se habla del proceso en sí y la falta de apego del Senado a esa resolución. Pero no analiza la constitucionalidad de esa resolución (la 429/2023)”.
“Acá lo fundamental es que el Senado ya obró y nosotros esperamos conocer qué opina la Corte Suprema de Justicia, en su ámbito de competencia, sobre la Resolución 429”, subrayó.