Con el argumento de no haber sido notificado ni informado sobre los fundamentos para su enjuiciamiento, el camarista que conformó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Arnaldo Martínez Prieto, presentó este lunes un amparo constitucional.
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La medida busca conocer las razones que llevaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a admitir el 9 de octubre la denuncia formulada por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, contra el Tribunal de Sentencia integrado además por Emiliano Rolón Fernández y Cristóbal Sánchez, que absolvió el pasado 26 de julio a los campesinos condenados por el caso Curuguaty.
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En una entrevista con Monumental 1080 AM, explicó que, a pesar de que la denuncia fue contra los tres camaristas, el JEM procesó a Martínez Prieto y Rolón Fernández y no admitió el pedido de enjuiciamiento para Sánchez.
El motivo fue la disidencia en un criterio, ya que si bien los tres jueces coincidieron en todo, Sánchez opinó que al anularse la resolución de la condena contra los campesinos el caso debía ser reenviado.
“Entonces, decimos, reenviar para qué, porque si un proceso se estructura sobre pruebas y ya no se pudo en seis años de juzgamiento y dos instancias valorar pruebas, que están a campo abierto (lugar de la masacre), cómo hoy vamos a volver a victimizar a esa cantidad de gente, cuando que la culpa (de las deficiencias en el proceso) es del Estado, por no proveer fiscales útiles”, aseveró el magistrado.
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Esa fue la única diferencia y la que llevó al JEM a rechazar la denuncia contra el tercer juez. “Esto significa que tuvo que haber una deliberación como para tomar una determinación como esa y una decisión de esa naturaleza debe constar en un instrumento”, acotó Martínez Prieto en referencia a la resolución del enjuiciamiento que hoy exige le sea comunicado.
En cuanto a las motivaciones que habrían movido a Quiñónez a presentar una denuncia en contra de un magistrado el Corte, Martínez Prieto mencionó que luego de analizar la cuestión dedujo que existen dos razones. Primero, “un espíritu corporativo”, porque la Fiscalía “fue muy maltratada desde el punto de vista de su incapacidad para generar valores probatorios”.
Segundo, dejar un mensaje como llamado de atención para un sector débil de la sociedad, que no puede ganar al fuerte. “Desde cuándo en el Paraguay esa clase de gente (campesinos) le gana a esa clase de gente (Fiscalía). Cómo una clase desposeída puede vencer a terratenientes, porque en el fondo es un conflicto de tierra. Yo creo que esa agresión al establishment, a lo que está puesto, es el motivo”, indicó.
El juez cuestionó que la fiscala general del Estado recurra a denunciar a tres magistrados de Corte, siendo una representante de la sociedad, y consideró la medida como una “agresión”.
Finalmente, Martínez Prieto aseguró que en el Poder Judicial no existe independencia. “Desde el momento que hay 54 universidades no hay independencia de nada en este país. Debe haber por lo menos 500 facultades de Derecho”, sentenció.
