La Cámara de Senadores tiene pendiente el tratamiento del polémico proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo que planteó un grupo de legisladores de la bancada Partido Patria Querida (PPQ) y otros.
Hay sectores que ya se posicionaron tanto a favor como en contra de la propuesta legislativa.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) emitió este miércoles un pronunciamiento al respecto y manifestó que se trata de una acción legislativa concebida por fuera del Estado Social de Derecho.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Elevar la pena y modificar la categorización jurídica del hecho punible de invasión de inmueble ajeno con el objeto de transformar un delito en crimen, tal como se pretende en el Senado, es una propuesta insensata que contribuye a aumentar el descontento y la conflictividad social”, sostuvo.
El proyecto de ley propone aumentar la pena privativa de libertad por invasión de tierras hasta seis años de cárcel y si hubiera daño patrimonial hasta cuatro años más de pena privativa de libertad.
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También incorpora como figura jurídica al titular de la posesión, que según el abogado Abel Areco, especialista en temática rural e investigador de Base-IS (Investigaciones Sociales) pretende blindar las tierras malhabidas.
“Es un paquete legislativo que no solo niega una realidad de despojo en el Paraguay, sino buscar favorecer situaciones irregulares intentando su validación a costa de la exclusión de una mayoría”, agregó Codehupy.
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En este sentido, apuntó que la construcción de la impunidad sobre las tierras malhabidas mediante la perversión de las leyes y la criminalización de las luchas sociales son fenómenos que históricamente degradaron y vaciaron de contenido la democracia.
“Son el resultado más trágico de la desigualdad y del ejercicio abusivo del poder para favorecer los privilegios de un sector económico políticamente sobrerrepresentado, que actúa desconociendo la vigencia plena de los derechos humanos”, acotó.
Codehupy remarcó que el Congreso Nacional “tiene la responsabilidad de acabar con la insensatez si no quiere atizar la conflictividad social y quebrar definitivamente las posibilidades de una convivencia democrática en el Paraguay”.
