Susana Oviedo
Soviedo@uhora.com.py
Mauricio Alarcón advierte que hace tiempo las señales de avance del crimen organizado en Latinoamérica están presentes, pero algunos gobiernos han optado por ignorarlas. Hoy los grupos narcos ya no se detienen solo en financiar campañas y candidaturas, sino compran partidos y tienen sus propios candidatos para garantizar la impunidad que precisan para operar en sus negocios ilícitos. “Se permitió el avance y el modelo se replica muy eficientemente en varios países de América Latina”, dice. El narcotráfico y el crimen organizado transnacional destruyen por completo la institucionalidad y la democracia. “No dan opción a la recuperación”, advierte. Dialogó de estos temas con este diario, al margen de un seminario internacional sobre “Mecanismos de control ciudadano en Paraguay y en Ecuador para combatir la influencia del crimen organizado en elecciones”, organizado por Semillas para la Democracia y Usaid.
–¿Qué minimizaron o dejaron de atender los Estados latinoamericanos para llegar al estado de inseguridad y violencia actual del que ningún país escapa?
–No hay un solo país latinoamericano en este momento que no tenga algún asunto preocupante en materia de seguridad. Unos nos encontramos en el extremo, como Ecuador, en el que ya el Estado ha demostrado su manifiesta incapacidad de poder atender el problema. Otros no quieren hacer caso a las señales, como está sucediendo, por ejemplo, con Chile, que frente a hechos públicos y notorios, tienes a un presidente que sale y dice: “Chile no es Ecuador, no hay de qué preocuparse”.
Hace diez años, cuando nosotros alertábamos en mi país de ciertas señales, nos decían: “Ecuador no es México o Ecuador no es Colombia, no es Honduras”. Y no, Ecuador es Ecuador. Y el año pasado, terminamos en primer lugar, a nivel latinoamericano, de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Superamos a Colombia, superamos a México, superamos a Honduras.
El crimen organizado ha venido operando durante décadas, pero tienta el poder del Estado a través de su reacción. Si el Estado no reacciona, y si hay condiciones para garantizar impunidad, por ejemplo, el crimen organizado avanza y termina ocupando espacios que le corresponden al Estado.
Si el Estado ya no es capaz de protegerte, ¿cuál es la alternativa? Buscar una salida con el crimen organizado, pactas para que no te maten. La consecuencia son territorios enteros, no solo de Ecuador, sino de varios países de América Latina, donde la presencia del narcotráfico y del crimen organizado están haciendo de las suyas.
–¿Cómo llega un país a convertirse en un paraíso de lavado de dinero, a partir de una realidad como esa?
–El tema del lavado como actividad ilícita va muy de la mano del narcotráfico y del crimen organizado, indiscutiblemente, pero hay países que tienen mejores condiciones que otras. No hay que olvidarnos de que la droga cotiza en el mercado internacional, no en guaraníes, no en pesos colombianos, sino en dólares o en euros.
Por lo tanto, en América Latina, tú tienes países como Ecuador, que al estar dolarizados, tienen una mejor condición para facilitar el lavado. A eso sumamos los débiles controles por parte de las instituciones financieras, la debilidad institucional de quienes tienen que hacer el análisis financiero y económico de las transacciones, y tienes el caldo de cultivo perfecto para que crezca, florezca una actividad económica paralela, que es la de lavado de activos.
–Pero hay países en la misma región que no están dolarizados, como en el caso de Paraguay, e igualmente tiene lugar el lavado de dinero…
–Pero Paraguay es un país en el que prácticamente no hay monetarismo. Aquí hay facilidad de acceso a dólares, no hay restricciones. Tienes una tasa de cambio relativamente estable, no tienes una situación de devaluación tan fuerte como la de Argentina.
Entonces aquí también hay condiciones que no necesariamente son tan positivas y tan favorables como las de un país dolarizado como Ecuador, pero que también les son positivas a quienes quieren hacer este tipo de cuestiones. Además, no olvidemos que América Latina puede establecer puertos de entrada y salida, puede establecer puntos de producción de droga.
El producto de ello, de cara al lavado, tiene que canalizarse por algún lado. Y por qué sufrir en un paraíso fiscal, si tienes condiciones en países comunes para lavar, y lavar bien. ¡Cuánto de la economía ecuatoriana se sustenta en el lavado de activos! Sector inmobiliario, sector de conciertos, tantas otras cosas. Hemos llegado nosotros al extremo de que está dentro de uno de los procesos que actualmente ventila la Justicia ecuatoriana del lavado en infraestructura pública. Grupos de crimen organizado que se han acercado a autoridades locales a decirles: “Yo te ejecuto la obra pública, no me des anticipos porque tú además eres un municipio que tiene limitaciones de recursos, yo me encargo de la obra pública, págame como puedas”. ¡Lavado en obra pública! A ese extremo hemos llegado.
–¿En esa estrategia que utiliza el crimen organizado transnacional son mejores terrenos aquellos países con instituciones débiles y un sector privado sin ética, dispuesto a todo?
–Yo creo que el punto de partida es la debilidad institucional. Instituciones débiles que no responden a una situación como esa, que no atienden el problema, que no hacen justicia, generan un caldo de cultivo perfecto para este tipo de cuestiones.
En el caso ecuatoriano la destrucción de la institucionalidad, la compra de candidatos y de partidos y movimientos políticos para acceder al poder van generando ese caldo de cultivo perfecto para controlar territorios completos. Y en ese sentido es que las condiciones en el país de inestabilidad, de falta de gobernabilidad, de permeación y normalización de corrupción abonan y hacen fértil el camino para lo que viene después.
–El término narcopolítica se asociaba hasta hace poco a un par de países latinoamericanos. En este momento, prácticamente no quedan países que se salven de que en sus procesos electorales circule el dinero del narcotráfico. ¿Cómo llegamos a esto?
–Porque se dieron cuenta de que en Colombia y en México el modelo funcionaba. Que financiar campañas y después poner candidatos les permitía tener una parte de poder que ellos requerían para seguir en el modelo de impunidad y les permiten sostenerse. Si funciona en Colombia y funciona en México, ¿por qué no va a funcionar en otros países? Y ahí es donde llegó el punto de origen, el error de no ver señales.
Hace una década, desde la organización que dirijo, anticipábamos: “hay dineros ilícitos financiando campañas electorales”. Y nos decían “sí, pero es algo natural, es algo que ocurre”. La gente no los va a elegir. Sin embargo, los eligieron y se genera un primer compromiso entre la autoridad electa y quien les financió. “Yo te hice alcalde, ahora yo quiero seguir operando. Te permití que llegues al poder, qué me vas a dar a cambio. ¿Me vas a permitir hacer mis actividades o no? Pasa un periodo y se dan cuenta de que no es tan rentable financiar campañas. Que es mucho más rentable tener tu propio partido o tu propio movimiento y poner tus propios candidatos.
No importa si es uno, si son dos.
Lo importante es tener un pedazo de poder para tener con qué negociar. Entonces, ya no necesito buscar quién cede a la tentación de recibir fondos para la campaña. Yo ya tengo la infraestructura para poner a quien me dé la gana. Y así hemos tenido en el caso ecuatoriano miembros de la Asamblea Nacional que hoy están siendo investigados por la Fiscalía. Uno con prisión preventiva, otro prófugo, por haber sido los enlaces, por haber sido activos, por haber formado parte de la rosca de los grupos de crimen organizado. Así es que ahí tú vas viendo cómo es el avance. Las señales están ahí. México tampoco tuvo un fenómeno de generación espontánea. No es que de la noche a la mañana se convirtió en un país con narcopolítica.
Las señales fueron dadas. Se permitió el avance y el modelo se replica muy eficientemente en varios países de América Latina.
–¿Cuál es el mayor daño o el peor daño que ocasiona esa realidad a la política misma y a la democracia?
–Si ya tenemos nosotros problemas con la democracia, debilidad institucional, frágil Estado de derecho, cuando entran en acción el narcotráfico y el crimen organizado en estos ámbitos, no dan opción a la recuperación, lo destruyen por completo. ¿Por qué? Porque solo un espacio sin Estado de derecho, sin transparencia e integridad, sin los elementos de la democracia mínima, garantiza la impunidad. Entonces, ellos empiezan a combatir, a afectar a cuanta institución exista, a cuanta autoridad independiente exista, llegando al punto, como ya ha pasado en Ecuador, de si se constituyen una amenaza, quitarlos del camino.
–¿Qué puede hacer la ciudadanía para evitar que contaminen los procesos electorales y que pongan sus candidatos?
–La ciudadanía tiene varios roles que jugar. Pero no necesariamente hay que creer que todo el peso de la responsabilidad la cargamos los ciudadanos. Sí hay que analizar por qué estamos donde estamos y qué responsabilidad tenemos sobre eso.
El punto de partida es haber entendido mal que democracia es votar. Marcar cada cinco años unas papeletas y creer que con eso se ha cumplido la misión como ciudadano, cuando lo que estamos haciendo a través del voto, es entregar un poder de representación, que no es un cheque en blanco, sino que tiene que rendir cuentas, tiene que tener seguimiento de la ciudadanía, y tiene que obedecer a los mandantes.
Al limitarnos a votar, dejamos que las autoridades en definitiva hagan lo que les venga en gana. Somos tan irresponsables, incluso que aunque vemos autoridades con vínculos de narcotráfico y crimen organizado, se postulan a la reelección, y los reelegimos, porque no importa que lo sean, total, algo hacen. No importa si son corruptos, roban, pero hacen obras… Y esta es una forma mediocre de la ciudadanía de sustentar equivocadamente la democracia.
Tenemos que activarnos, tenemos que hacer seguimiento. El único contrapeso que tenemos frente a este avance brutal del narcotráfico y crimen organizado es una ciudadanía activa y organizada.
Empiecen por exigir rendición de cuentas, de pedir transparencia, vigilar quiénes son y cómo ejercen el poder y, después, hagan lo que tengan que hacer, entre otras formas, con el voto. No es necesario tener una maestría o un doctorado. Se necesita sentido común.
Si ante señales tan claras de corrupción de ciertos candidatos aún así los elegimos, tenemos que cargar con la culpa de nuestra responsabilidad
–¿Pero quién puede contribuir a mejorar la calidad del ejercicio de ciudadanía?
–Ahí entramos las organizaciones de la sociedad civil, el periodismo responsable, ahí entra el periodismo de investigación. Somos nosotros quienes tenemos que orientar a la ciudadanía en el rol que tiene que hacer. Armar veedurías, observatorios, que es lo que hacemos nosotros en Ecuador, y el periodismo, investigar, denunciar públicamente. Son nuestros insumos los que sirven para que la ciudadanía haga lo que le corresponde.
–En un escenario así, ¿cuáles son la demanda al Poder Judicial, la Fiscalía y los organismos de seguridad?
–Cuando la política por la vía electoral coopta dos de los tres poderes del Estado es fundamental que tengamos una Justicia independiente. Por eso es que el narcotráfico y el crimen organizado se toman la Justicia también. Es la pata que les falta para garantizar completamente impunidad.
El rol que tienen que jugar los jueces y fiscales es hacer justicia. Y es eso lo que tenemos que exigir.
El problema es si tú ya tienes niveles de permeación tan fuertes como los de Ecuador, donde a través de una investigación de la fiscala general, en el caso conocido como Metástasis, caen jueces y fiscales que forman parte del círculo. Que están ahí, no solo para no perseguir el cometimiento de delitos, sino hasta para liberar a quienes han sido sancionados por jueces con integridad.
México no se convirtió en un país con narcopolítica, de la noche a la mañana. El modelo se replica eficientemente.
Instituciones débiles, que no atienden el problema, que no hacen justicia, generan un caldo de cultivo perfecto para los narcos.
Ficha
Mauricio Alarcón Salvador es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de derecho de la Universidad de Stanford. Activista de la democracia y defensor de los derechos humanos. Capacitador en estos temas.
