La fiscala Alicia Sapriza explicó a Monumental 1080 AM que conforme a la extracción de mensajes del celular del sindicado como narcotraficante, Marcus Vinicius Espindola Marques, existen elementos objetivos bastante importantes y que también se deberán analizar los nuevos elementos incautados tras el allanamiento a la casa de Arnaldo Giuzzio y al Ministerio del Interior.
Sapriza detalló que las conversaciones entre el ex ministro Giuzzio y Vinicius Espindola comenzaron en julio del año 2021 y se extendieron hasta febrero de este año.
En ese sentido, aclaró que la calificación de la imputación es por la presunta promesa de recibir algún beneficio y que las empresas del presunto narcotraficante realizaron servicios a la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, por lo que se investiga cómo se pagaron los servicios.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEn esa línea también citó que el ex ministro utilizó para vacacionar en Brasil una camioneta de Vinicius Espindola que no se encontraba para alquiler y pertenecía a su esposa, Jussara Cabral, accionista de la Tabacalera del Este (Tabesa) e hija del fallecido César Cabral.
La representante del Ministerio Público dijo que si bien se presentó un formulario y se mencionaba un monto, hasta donde saben el pago nunca se realizó. “No era un vehículo para ser alquilado, era de la esposa”, dijo, conforme a las declaraciones del gerente de la empresa Black Eagle, Blindaje Ombu.
No obstante, en los mensajes se encontraba que Giuzzio reclamaba al brasileño para que pase a cobrar y este le respondió que se estaba equivocando de persona, lo que hace presumir a los investigadores que fue una cortesía.
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La fiscala indicó que se puede presumir de que había intención de Vinicius de proveer chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y eso también saltó a la luz a través de medios periodísticos, donde se hizo una exhibición de los materiales; posteriormente también se dio una visita de Arnaldo Giuzzio a una de las empresas de Vinicius.
Asimismo señaló que permite sospechar que por los servicios brindados, el ex ministro del Interior habría utilizado rubros distintos a los destinados para la financiación de mantenimientos, blindajes y reparación.
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El ex ministro fue imputado por cohecho pasivo agrado que establece que el funcionario que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que se realizara en el futuro y que lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de hasta cinco años.
