Legisladores de diferentes partidos manifestaron su desacuerdo con el fallo judicial y coincidieron en que se trata de un error.
El senador del Partido Patria Querida (PPQ) Stephan Rasmussen dijo que está muy claro el equilibrio de los poderes y que es atribución del Congreso pedir información, que puede ser de carácter confidencial o público. Si fuera secreto, el parlamentario no revelará el contenido del informe. Independientemente de esto, los otros poderes están obligados a responder, indicó Rasmussen. “Prohibir información a otro poder del Estado es un error”, remarcó el legislador.
Aclaró que no se trata de dar órdenes, sino solo pedir información, y que el Congreso incluso está facultado a interpelar. “Va a restar valores de la República el hecho de que no haya ese control mutuo entre poderes del Estado”, añadió.
BLINDAJE. Por su parte, el diputado del Partido Colorado Walter Harms sostuvo que la resolución es un gran error de la Corte desde el punto de vista ético. “Estoy en desacuerdo con que la Corte quiera blindar al Ministerio Público. Hoy la ciudadanía exige transparencia, la ciudadanía quiere que las cuestiones que hacen sobre todo a los servidores públicos sean públicas”, manifestó.

Rechazó el argumento de que un pedido de informe a la Fiscalía desde el Congreso sea una intervención, explicando que una cosa es revelar datos de una investigación y otra, informar sobre las actuaciones de los investigadores, que sí es un hecho público. “No es una intervención, es conocer lo que en realidad se está haciendo, intervenir sería tomar participación en una carpeta fiscal. Cuando se pide informe lo que se quiere saber es qué es lo actuado en un caso en particular”, diferenció.
Harms señaló que se trata de una determinación que va de contramano con la transparencia.
“Impedir el acceso a la información a través de una herramienta constitucional como es el pedido de informe me parece que va de contramano con lo que exige la ciudadanía, que es la transparencia y la claridad en el manejo no solo de la administración pública, sino también de los actos públicos”, afirmó.
El diputado concluyó en que con esto la Corte excluye a la Fiscalía de lo que manda la ley. “Si la Constitución da la potestad a legisladores de pedir informe, por qué tener que excluir al Ministerio Público si al final lo único que se hace es hacer público lo actuado”, añadió.
RETROCESO. En tanto, el senador del Frente Guasu, Hugo Richer, analizó que es correcto que el Ministerio Público no responda al Congreso en lo que se refiere al punto de vista procesal o al contenido de un expediente para respetar su independencia, pero sí de las actuaciones de los fiscales.
“Cuando se trata de conocer la actuación de los fiscales yo defiendo la posibilidad de que el Congreso tenga acceso”, puntualizó.
Se mostró en contra de que el Ministerio Público se cierre institucionalmente.
“Es un retroceso o estancamiento. Creo que se deberían de abrir a todo tipo de informaciones en su relación con el Congreso, más allá de que el Congreso se merezca confianza, es una instancia de representación popular. Entonces, si hay cuestionamientos, podría tener potestad de pedir información”, apuntó.
Richer consideró que no es una medida saludable y habló de una motivación política.
No es saludable. Es un retroceso o estancamiento. Creo que se deberían de abrir en su relación con el Congreso. Hugo Richer, senador Frente Guasu.
Es un gran error de la Corte. Va de contramano con lo que exige la ciudadanía que es la transparencia. No es intromisión. Walter Harms, diputado ANR.
Va a restar valores de la República el hecho de que no haya ese control mutuo entre poderes del Estado. Stephan Rasmussen, senador PPQ.