ÚH conoció la realidad de otra paraguaya, Nelly Domecq Ruiz Díaz (42), quien le tocó pagar ante la Justicia por sus errores, uno de ellos por traficar crac, y es que sus antecedentes por robo, lesión y otros más pesaron para que sea condenada a siete años de cárcel por microtráfico.
Por buena conducta y dedicarse a trabajar estando en el penal, logró salir con medidas transitorias y después ya se le otorgó la libertad.
Reconoce que trabajaba como delivery, vendiendo crac por gramos. A través de ese negocio logró acomodar su casa. “Vender droga es plata fácil”, admite. Sin embargo, después de estar libre, decidió salirse completamente de eso.
Dice que en la cárcel dejó su adicción a las drogas, después de ser consumidora por 23 años, y que suele ser difícil para ella. “No hago más nada, no ando más en malos pasos”, admite.
Ahora, alejada de eso, trata de salir adelante, limpiando casas, vendiendo masitas, o helados. “Con el tema del antecedente, por más que seas profesional, no conseguís trabajo”, lamenta.
Ahora asegura que está con fe, queriendo encontrar un buen trabajo o por lo menos recargar el local, ya que desde hace cuatro meses está sin encontrar laburo, para ayudar a su familia, sus hijos y a su mamá.
Y es que la reinserción social de personas que estuvieron privadas de libertad todavía es un tema bastante difícil en nuestro país, ya que –por más que sea eso el objetivo de la pena–, según lo estipula el artículo 20 de la Constitución Nacional, la realidad es otra.
“Les queda sobrevivir o vivir al margen”, dice sobre este aspecto la abogada Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos.
NECESITAMOS CAMBIAR. ”¿Cómo cumplimos con los fines constitucionales de la pena, cómo pretendemos que se reintegren a la sociedad, si salen del sistema por delitos de drogas y no hay oportunidades, y hay un requisito que se pide que es el certificado de antecedentes?”, se preguntó.
Las medidas de reintegración social tienen que apuntar a las mujeres, sostiene.
Desde una mirada de género, menciona que se debe reconocer el contexto, como que hoy tenemos muy pocas alternativas públicas del cuidado de los hijos; entonces, se deben facilitar espacios, facilitar la formación laboral y la inserción al empleo formal con protección social.
“No es solamente transmitirles la importancia de una vida sin delinquir, los riesgos, porque ellos conocen en su propia piel (eso) y nosotros no generamos otro tipo de apoyo, eso es inversión social”, apuntó la profesional.
No es solo dar una formación a las personas privadas de libertad, porque “no es cierto que eso facilita un ingreso al empleo (al salir)”, dijo.
Faltan redes de apoyo para la reinserción
“El sistema carcelario produce pérdidas y rupturas en todos los ámbitos de la vida de las personas recluidas, reduce la posibilidad de que las mujeres privadas de libertad... logren una reinserción laboral en condiciones dignas”.
Adicionalmente, está el estigma en contra de mujeres involucradas en delitos de drogas, que hace más difícil conseguir un empleo decente y evitar la reincidencia, es lo que se destaca en un informe de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM).
REALIDAD. Se debe estudiar el antes y el después. El antes, con relación a que las mujeres a menudo son las únicas responsables de sus hijos e hijas y tiene que cumplir como sea el rol de proveedoras / cuidadoras, dijo la abogada Diana Vargas.
Una vez fuera, tras cumplir su proceso penal, deben volver a la realidad de tener que sortear entre el cuidado del hogar y el sustento, y esto se hace más difícil.
Ahí la discriminación y los antecedentes penales se convierten en el obstáculo principal para obtener trabajo, con lo cual las condiciones de riesgo y vulnerabilidad empeoran, expresa un estudio del CIDH.
También se menciona una “escasez de políticas de reinserción social respetuosas de un enfoque de género”.
En comparación con los hombres, las mujeres tienen más dificultades para reinsertarse a la sociedad, “por la falta de redes de apoyo”.
El estigma contra mujeres involucradas en delitos de drogas hace más difícil conseguir un empleo decente. Informe del CIM, publicado en el 2016.
Existe limitada aplicación de medidas en casos de drogas
Una investigación sacada a luz en el 2019 cuenta que Costa Rica, “reconoció de manera expresa en la mujer circunstancias de vulnerabilidad que influyen en la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por motivo de: Pobreza, responsabilidad del cuidado de sus hijos o de otros familiares; discapacidad y violencia de género. En consecuencia, dicha legislación permite la disminución de la pena, incluso por debajo del monto mínimo previsto en el tipo penal, a discreción del juez”.
Esto nació por el creciente fenómeno de mujeres privadas de libertad por drogas, sobre todo las que hacían de mulas del ingreso de sustancias en las cárceles.
Y hoy expertos hablan de que se toma ese país como ejemplo en Paraguay para implementar también, ya que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), existen todavía legislaciones con “obstáculos” que impiden a las mujeres beneficiarse con medidas alternativas.
Se prioriza el encarcelamiento mediante el empleo excesivo de la prisión y la limitada aplicación tanto de medidas alternativas como beneficios procesales.
En particular, en nuestro país, “solo se permite la aplicación de arresto domiciliario en mujeres con hijos menores de edad o con discapacidad, cuando la pena no excede de un año”.
