Estos participaron de un debate en torno a la propuesta en la Comisión de Legislación, y en las intervenciones hubo coincidencia en el calificativo de inconstitucional y dictatorial.
Agustín Carrizosa, del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, remarcó que la iniciativa es una copia de una ley de Rusia, y que se implementa en países como Nicaragua y Venezuela.
“A causa de tres o cuatro organizaciones que molestan a ciertos sectores del Gobierno, están afectando a más de 6 mil organizaciones”, cuestionó. Martín Burt, director de Fundación Paraguaya y ex intendente de Asunción, reclamó que la fortuna de Horacio Cartes y los fondos de Itaipú no se incluyan en la ley.
A su criterio, esta propuesta apunta a perseguir a los enemigos del Gobierno, y pidió tener cuidado de no repetir los estragos de la dictadura.
Mariano Bareiro, representante de comisiones vecinales, consideró una barbaridad la iniciativa, desde el punto de vista jurídico. “Nos retrotrae a la época del stronismo”, dijo.
María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales, sugirió que se retire el proyecto, y que, en todo caso, se trabaje en un marco regulatorio para el fortalecimiento de la sociedad civil.
“Que no se apunte al debilitamiento o al aniquilamiento”, fue su pedido.
Eduardo Aguayo, de Codehupy, considera que lo que se pretende es cercenar.
“Bajo el argumento de control y transparencia, se apunta a obstaculizar y debilitar a las organizaciones de la sociedad civil”, sentenció.
Ezequiel Santagada, de IDEA (Instituto de Derecho y Economía Ambiental), sostuvo que el objetivo es el cierre de las organizaciones, y modificar de facto el artículo 1 de la Constitución Nacional (CN), borrando la palabra participativa y dejando la mera representación.
A favor y en contra. Los senadores, que integran Legislación, también manifestaron su postura, algunos abiertamente a favor y otros en contra de la iniciativa.
La cartista Norma Aquino, alias Yami Nal, intervino para despotricar contra Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia, quien no estuvo presente. Ella anunció su apoyo al proyecto.
Los opositores Eduardo Nakayama, Rafael Filizzola e Ignacio Iramain coincidieron en que se trata de una propuesta inconstitucional, por lo que no acompañan.
El senador cartista Basilio Nüñez despotricó contra los que están en contra de su proyecto de ley de mayor control a las oenegés. Trató de exagerado a Martín Burt, alegando que no era el más indicado para cuestionar por su pésima administración en Asunción. Hasta culpó a las oenegés por las irregularidades que tumbaron al ex gobernador de Central de su equipo, Hugo Javier González. También mandó al frente al titular del CIRD Agustín Carrizosa, a quien acusó de nepotismo en la oenegé que maneja; y al marido de Soledad Núñez, Bruno Deflippe, quien supuestamente recibió un terreno del Municipio asunceno. “Lo único que estamos queriendo es la transparencia; transparentar los fondos que reciben desde el Presupuesto General de la Nación, presupuesto departamental”, indicó Bachi. “Les doy un ejemplo, ¿qué pasó hasta en un gobierno departamental colorado en el gobierno anterior? Eran oenegés, o sea ¿no necesitan transparentarse? Era un Gobierno colorado, se le cuestionó y tuvo que renunciar”, acotó.
