La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, lo que se consideró como un gran paso para la dignificación de todos los habitantes del planeta.
Con ese documento se obligó a cada Estado parte de la ONU a cumplir con cada uno de los artículos. Sin embargo, con el paso del tiempo muchos de ellos no fueron plasmándolos en la práctica, como es el caso de Paraguay.
LAS DOS PRINCIPALES PREOCUPACIONES
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y Amnistía Internacional (AI) son organizaciones que permanentemente se refieren a las violaciones del tratado. Así también, en forma anual emiten un informe sobre los aspectos más preocupantes con respecto a la situación de los derechos humanos en el país.
Óscar Ayala, secretario ejecutivo de Codehupy, señaló que en el informe de este año se hace un resumen sobre 42 temas de diferente índole relacionados a los derechos humanos. Pero la organización considera que dos son los principales a lo largo de este 2017.
El primero de ellos tiene que ver con el retroceso en las políticas sobre igualdad de género y la no discriminación, poniendo énfasis en la resolución Nº 29.664 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por el cual se dio de baja a los materiales elaborados con base en esa perspectiva.
Amnistía coincide en este punto calificando la medida de la institución estatal como una grave regresión en la educación paraguaya. Esa determinación se estableció luego de la manifestación realizada por organizaciones pro vida.
El otro tema de importancia y preocupación es la creciente política de restricción y limitación en las protestas sociales en el país. Critican que se haya reflotado la Ley Nº 1.066/97, de marchódromo, para ser utilizada en contra de manifestantes y de una manera discriminatoria.
“Se trata de una ley que estuvo en desuso durante mucho tiempo, pero este año nuevamente se usó solamente para impedir la movilización de los campesinos que estuvieron acampando en Asunción”, indicó Ayala al diario Última Hora.
El Ministerio Público y la Policía Nacional apelaron a esa normativa para impedir que los labriegos marchasen por las calles del microcentro capitalino para reclamar la condonación de sus deudas y el cumplimiento de otros derechos fundamentales.
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS RELACIONADAS CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
A ambas organizaciones les preocupa además la situación de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que hasta el momento el país no cumplió en su totalidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la recuperación de tierras ancestrales de las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, emitidas en los años 2005, 2006 y 2010, respectivamente.
La comunidad Yakye Axa continúa viviendo en un espacio reducido al costado de la carretera, frente a una parte no pavimentada de la misma, y no en las tierras que les deben ser entregadas. Las comunidades Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek sí se encuentran viviendo en sus tierras tradicionales, pero las mismas aún no han sido tituladas.
Tanto Codehupy como Amnistía Internacional también critican los desalojos forzados e ilegales en las zonas rurales. Alegan que la Carta Magna es muy clara al establecer que ninguna comunidad indígena puede ser removida de su lugar sin el consentimiento de ellas.
Uno de los últimos casos es el de la comunidad Jetyty Mirĩ del distrito de Ybyrarobaná, Departamento de Canindeyú, cuyos miembros acusaron el jueves 7 de diciembre al fiscal Lucrecio Cabrera de propiciar la quema de 18 viviendas para favorecer supuestamente a colonos brasileños de la zona.
ATROPELLO A LA SEDE DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL AUTÉNTICO
El asesinato del joven Rodrigo Quintana durante un allanamiento ilegal a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) constituye otra de las violaciones de derechos humanos durante este año, según señalan las organizaciones.
“Los acontecimientos que ocurrieron aquel día son hechos realmente graves para la institucionalidad democrática del país”, afirmó el directivo de la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay.
Esa situación se generó entre la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril, luego de una serie de movilizaciones en contra del proyecto de enmienda constitucional impulsado por el oficialismo colorado y sus aliados.
Dentro de este caso, Amnistía Internacional también se refirió a las amenazas realizadas por el presidente Horacio Cartes sobre encarcelamiento a los periodistas Menchi Barriocanal y Óscar Acosta, por expresar su postura contraria a la reelección presidencial.
OTROS TEMAS
Las violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas, además de las amenazas constantes a defensores y defensoras de Derechos Humanos también forman parte de la atención de las organizaciones sobre derechos humanos.
GOBIERNO REAFIRMA COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS
“El Paraguay ratifica que estos Derechos son universales, iguales, indivisibles, interdependientes e inalienables, consagrados en nuestra Carta Magna y en el Derecho positivo nacional”, expresa el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy cumple su 69° aniversario, proclamó los derechos fundamentales inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El Gobierno Nacional ratificó su permanente compromiso en promover y cooperar con el sistema internacional de promoción y protección de los Derechos Humanos, mediante el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE).
