Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC durante la época del conflicto, fue detenido por la Interpol en México atendiendo a una circular roja emitida por Paraguay.
Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, dijo a radio Monumental 1080 AM que en la Cancillería, a través de su Departamento Jurídico, y en contacto con la Fiscalía de Asuntos Internacionales, se envió a la Embajada de México todos los documentos que avalan su orden de captura en Paraguay.
Nota relacionada: Detienen en México a Rodrigo Granda, ex líder de las FARC
Granda es sindicado como presunto autor intelectual del secuestro y posterior muerte de Cecilia Cubas Gusinky ocurridos en setiembre de 2004 en Paraguay. El cuerpo de la joven fue hallado en el 2005 en una casa en Ñemby.
No obstante, el canciller Acevedo acotó que, extraoficialmente, maneja que lo habrían embarcado en un vuelo a Colombia.
“Parece que lo embarcaron en un vuelo de Avianca, ya anoche tenía esa información como presunción, pero Interpol Paraguay aparentemente tiene confirmada esa información”, sostuvo.
Puede leer: Rodrigo Granda, condenado a 15 años de prisión
En este sentido, indicó que no basta la circular roja de Interpol para que Rodrigo Granda sea detenido, si no que se necesita una orden de un juez penal de garantías para que efectivamente sea firme la aprehensión tanto en México como en Paraguay, a fin de que se concrete su extradición al país.
“Como no hubo la orden del juez penal de garantías entiendo que pudo haberse embarcado”, reforzó Acevedo.
Fueron los congresistas Carlos Lozada y Pablo Catatumbo, dirigentes del partido Comunes, surgido del acuerdo de paz con la antigua guerrilla, quienes levantaron la voz de protesta por la detención de Rodrigo Granda.
“Detuvieron en Ciudad de México a Rodrigo Granda”, tuiteó Carlos Lozada, quien presentó el hecho como “una clara violación” al pacto de 2016 negociado en Cuba que terminó con más de medio de siglo de lucha rebelde.
Según el parlamentario, Granda viajó con autorización del tribunal especial de paz que investiga los peores delitos cometidos en el marco del conflicto con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los otrora rebeldes están respondiendo ante ese tribunal por delitos como secuestro y reclutamiento de menores, sin que todavía hayan sido condenados.