Paraguay será sometido a una ronda de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) en los próximos meses, proceso iniciado ya en 2019, pero que ha sufrido retrasos derivados de cambios en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y por la pandemia.
En 2008, luego de una evaluación similar realizada en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), nuestro país entró a una lista gris por las deficiencias que tenía en su sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). En 2012 volvió a salir gracias a la aprobación de varias leyes. El monitoreo y las evaluaciones que realiza en el marco de un trabajo de cooperación entre pares buscan mejorar las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas y profundizar vínculos entre los países.
El pronóstico actual no es muy bueno teniendo en cuenta los avances desde 2012 e inclusive la persistencia de fallas tanto desde el Poder Ejecutivo en su capacidad para detectar y controlar, como del Poder Judicial para penalizar.
El Instituto de Basilea –afiliado a la Universidad de Basilea– publica anualmente, desde 2012, el Índice Antilavado de Activos (ALA), construido a partir de 14 indicadores, usando fuentes del Grupo de Acción Financiera Internacional, de Transparencia Internacional, del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial. La débil implementación de este indicador se ha observado desde que el GAFI comenzó a utilizar su metodología de evaluación de la cuarta ronda para evaluar no solo el cumplimiento técnico de los sistemas ALA/CFT de un país, sino su efectividad en la práctica. El índice está diseñado para indicar el nivel de riesgo de lavado de activos y financiamiento terrorista dentro de un país.
Paraguay, desde 2012, se ha mantenido entre los países de alto riesgo, solo debajo de países como Irán, Afganistán, Kenya o Liberia. En Latinoamérica está entre los peores ubicados, ya que en 2020 solo Haití, Nicaragua y Venezuela estaban mejor.
Uno de los pasos más importantes dados para mejorar la posición de Paraguay frente a esta evaluación fue la aprobación de un paquete de leyes que ajustaron las normativas locales a los requerimientos que establecen las recomendaciones que realiza GAFI sobre el combate al lavado. Sin embargo, la aprobación de leyes no es suficiente. El país deberá demostrar que tiene fortaleza en sus mecanismos de coordinación y de información para detectar y prevenir operaciones sospechosas y que es capaz de penalizar estos actos.
En estas últimas acciones es donde más desafíos existen, ya que, como la prensa ha dado a conocer, existen muchos casos que no han podido prevenirse y si bien hay avances en hechos debidamente condenados por la Justicia, hay casos muy importantes pendientes de penalización.
Una evaluación positiva pondrá al Paraguay en mejor posición como país serio, seguro y predecible, con mayores posibilidades de lograr una inserción internacional que beneficie al desarrollo. Hasta ahora lo que estamos mostrando es que es muy fácil y poco costoso realizar negocios y transacciones ilícitas en nuestro territorio.