Hace poco más de un año la sociedad paraguaya se vio sorprendida con los resultados del operativo A Ultranza Paraguay, considerado como el mayor golpe contra el crimen organizado en el país. Se realizaron más de 200 allanamientos y se incautaron bienes por un valor superior a los USD 250 millones. El golpe económico a la estructura fue importante y hubo algunas detenciones, entre ellas la del entonces diputado Juan Carlos Ozorio, vinculado a los hermanos Miguel Insfrán y el pastor José Insfrán, quien blanqueaba capitales por medio de su congregación. Ozorio era presidente de la Cooperativa San Cristóbal, donde presuntamente ponía en circulación el dinero del tráfico de drogas del clan Insfrán. También fueron revelados audios que lo vincularon directamente con una estructura narco. Lamentablemente, los principales cabecillas de la organización siguen prófugos.
Tras aquel operativo se estimó que más de 20 toneladas de droga pasaron por el país, y que además de proveer de logística para el transporte internacional de drogas, los grupos criminales facilitaban la circulación de millonarias sumas de dinero dentro del sistema financiero nacional e internacional. Se confirmó con todos estos datos que ciertamente que el Paraguay se había convertido en la nueva ruta privilegiada del narcotráfico.
Hoy, un nuevo operativo desvela que Jarvis Chimenes Pavão, condenado por narcotráfico y actualmente recluido en una cárcel del Brasil, seguía a la cabeza de una sólida organización criminal que se dedica al lavado de activos provenientes del tráfico de sustancias ilícitas, así como de su introducción a nuestro sistema financiero.
En el desarrollo del operativo Pavo Real y tras allanamientos simultáneos en residencias, hoteles, estancias y escribanías fueron detenidas e imputadas más de una decena de personas, además del primer anillo de la organización criminal que está integrado por la familia de Jarvis Chimenes Pavão, mientras que el segundo círculo de su confianza está liderado por Daniel Montenegro Menesez —esposo de la fiscala Katia Uemura, funcionaria asignada a la ciudad de Pedro Juan Caballero—, quien fue detenido e imputado por lavado de dinero y asociación criminal por sus presuntos vínculos con el esquema del narco Chimenes Pavão, y se encargaba de realizar las transacciones a favor de la organización y obviamente goza de la confianza del clan familiar.
Los investigadores afirman que el operativo Pavo Real buscaba cortar el “flujo financiero” de Pavão, y que el trabajo comenzó en el año 2007.
Lo que ninguna autoridad admite —aunque se deduce de toda la información que se ha socializado respecto del operativo— es que un narcotraficante condenado y actualmente en prisión sigue operando el tráfico y lavando activos en nuestro país, con toda impunidad.
Esto desnuda, por encima de otras consideraciones, una grave y penosa realidad, que es la permeabilidad del narcotráfico en las diferentes esferas del Estado paraguayo. Como ha quedado tan brutalmente demostrado, este esquema criminal involucra no solamente a traficantes de ilegales, lavadores de dinero que mantienen empresas de fachada, sino también a funcionarios y políticos.
Es un hecho imposible de ignorar que nuestro país se convirtió en una ruta privilegiada del narcotráfico, y que esta condición no sería posible sin la nefasta cooperación de las autoridades nacionales, sin el involucramiento de autoridades policiales, judiciales, políticas y militares.
El gran infortunio que vive el Paraguay es la corrupción enraizada en sus instituciones, y es la impunidad que impera en el sistema, lo que nos conduce a esta realidad de un país ganado por la mafia y el crimen organizado.
