Susana Oviedo
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Durante el gobierno anterior, Cecilia Pérez se destacó en el gabinete por su gestión como ministra de Justicia (2019-2022), y luego como asesora de Seguridad de la Presidencia de la República. En el primer cargo afrontó con coraje la situación de las cárceles tomadas por grupos criminales vinculados al narcotráfico, lo que le generó amenazas y consecuencias que arrastra hasta hoy en que, en su calidad de abogada, está representando casos en los que los poderes legalmente constituidos y fácticos están implicados. Semanas atrás, descubrió que intentaron hackear su teléfono móvil y reveló que tras su breve desempeño como representante permanente ante la OEA, por designación del anterior presidente, Mario Abdo Benítez, el actual gobierno dio por terminada abruptamente sus funciones y al volver al país, pese al contexto de amenazas que la obligó a salir del país, la dejaron sin protección alguna. La buscamos para que nos ponga en contexto.
–¿Qué cambió luego de que hizo público que intentaron hackear su teléfono móvil, justo en la semana en la que había denunciado que le retiraron la custodia a la ex ministra de la Senad?
–Además de esa denuncia pública, concurrí ante la Fiscalía. Pedí a la fiscala de Delitos Informáticos no quedarnos en las estadísticas. Tengo un compromiso de su parte que va a tratar de llegar con las herramientas que tiene el Ministerio Público hasta donde pueda. Porque, como se escucha que es algo muy normal, en mi caso particular yo no creo que sea una coincidencia. En la forma de operar de estas personas que normalmente hackean, estafan o extorsionan. Es muy fácil simular que es un caso más de las estadísticas, pero detrás puede haber otra gente.
No creo que sea solo una coincidencia con la situación propiamente de la doctora Zully Rolón (ex ministra de la Senad), porque eso dejó mal parado al actual ministro de la Senad.
–¿Por qué le parece que no se trata de un hecho aislado?
–Porque son una serie de situaciones que nos vienen pasando a varias personas que hemos servido en el gobierno anterior, por más de que no hayamos hecho política partidaria. Y para mí no es menor el hecho de que frente a todo el esquema en el cual hemos venido trabajando, aunque sean en el sector privado y a nivel personal-profesional, justo se quiere ingresar a mi teléfono, porque en este momento ellos físicamente no me pueden hacer nada. Por lo menos yo tengo custodia. También conté que cuando volví al país, tras estar en la OEA en servicio diplomático, me dejaron sin custodia, y que yo tuve que gestionar que me la repongan.
El Gobierno tenía la información oficial de mis denuncias, de los informes de inteligencia con los planes de atentado relacionados a mi persona. Yo volví de Estados Unidos, y me encontré en esa circunstancia, me callé porque, es importante decirlo, con mi familia pensamos pedir refugio político. Recordemos que mi presencia en el servicio exterior era por motivos de seguridad, principalmente.
Al ex presidente (Abdo Benítez) le habían recomendado que me saque de Sudamérica inclusive si es que no me nombraba fiscal general, porque de alguna manera este cargo al frente del Ministerio Público me iba a dar una protección.
No pasó mucho tiempo para que se me designe (ante la OEA). Viajé en febrero a los Estados Unidos, 15 días antes inclusive tuve que reforzar mi seguridad porque volvió a surgir una información con relación a mi persona, que después, hace poco, se confirmó que existía la famosa lista de personas en las que yo estaba incluida. Entonces, con este contexto, apenas asume Santiago Peña, me dicen: Tenés que volver y nada más. Me notificaron que debía volver a Paraguay. Te dan el plazo de 45 días, lo que implica reestructurar toda tu vida, salir de allá, y regresar acá sin ninguna medida de protección.
–Por lo que dice, ¿aceptó ir al exterior no porque se trataba de un premio porque no la eligieron fiscal general, sino básicamente por una cuestión de seguridad?
–Realmente el punto principal fue ese porque las consecuencias de desempeñarse en los cargos del Ministerio de Justicia y después como asesora de Seguridad en la Presidencia quedan. No es como generalmente creen las personas que la amenaza te acompaña con el cargo.
De las denuncias que nosotros hicimos, totalmente comprobadas, hay procesos penales abiertos. Pero , entre paréntesis, ninguno avanzó, hay sumarios administrativos que están suspendidos a las resultas de la causa penal. Hay carpetas fiscales que se perdieron en Pedro Juan Caballero después de las denuncias que nosotros hicimos. Por ejemplo, del caso del segundo túnel que se hizo en el penal de esa localidad. Y estas circunstancias yo denuncié inclusive ante la CBI cuando hablábamos de los delitos conexos del lavado de dinero, etc.
Se afectaron muchos intereses o por lo menos se expusieron más allá de que hoy estén en total impunidad estos hechos. Se expusieron y seguían existiendo molestias al respecto. Quedó picando esto, y volver sin protección era una sentencia de muerte.
–¿Cuánto duró esa total desprotección cuando regresó al país?
–Aproximadamente un mes y medio, mientras insistía en conseguir que se me reponga la custodia. Y a partir de ahí, me quedé en el sector privado, y según los casos que tomaba, resurgieron mensajes subrepticios, de doble sentido, los ataques mediáticos. Pero el intento de hackeo a mi teléfono creo que ya era demasiado porque lo que buscan es acceder a la información de mis clientes, lo que yo manejo con mis clientes. Probablemente, ¿qué tanto sé del caso Pecci ¿Qué tanto me pudo haber contado la doctora Zully Rolón de sus operativos? ¿Cuánto sé de lo que se administra en el caso de Mauricio Espínola, que es mi cliente? Si se fijan, en este último esquema están los funcionarios que elaboraron los informes de Seprelad, que no hicieron solamente estos informes supuestamente filtrados, sino hicieron muchos otros. ¿Cuánto sabemos de lo que ellos saben?
–¿Detrás de la impunidad y de los amedrentamientos estarían agentes del Gobierno?
–No sé, pero no puedo ser ingenua y creer que son hechos aislados. Menos aún con el hackeo que intentaron en la semana en la cual hago un reclamo en representación de una persona (por Zully Rolón) que fue tan importante para operativos como A Ultranza o como es el caso del operativo Belia, Atlántico Norte y otros que generaron y siguen generando consecuencias importantes. A Ultranza golpeó de una manera importante al sector político. Hay senadores, diputados que perdieron su cargo, personas que van a juicio oral ahora (Erico Galeano).
Ese fue un trabajo de mucho tiempo y de mucho análisis de información que todavía está pendiente por revisar. O sea, no podemos decir que se terminó, aunque no se haya hecho ningún otro procedimiento como consecuencia de la información que se obtuvo.
Entonces, ahí está el crimen organizado y están comprobados los tentáculos del narcotráfico en la política. En los otros casos también hay crimen organizado.
Si hablamos del caso Pecci o hablamos del caso de Mauricio Espínola porque los informes de Seprelad que nunca el Ministerio Público investigó y que se apuró, sí, para imputar por denuncia falsa, cuando nunca cerró esas investigaciones, porque no las inició verdaderamente. Son informaciones de vinculación de personas con la criminalidad transnacional organizada. Tráfico de drogas, tráfico de armas, vinculación con el terrorismo propiamente y hoy los que investigaron están procesados y los denunciados están libres.
–¿Paraguay está preso por el crimen organizado o todavía no llegamos a esos niveles?
–Yo creo que sí. No sé si cien por ciento, pero estamos en un porcentaje importante y camino a una dictadura del crimen organizado. Estamos en ese camino porque en todo lo que te estoy contando es inadmisible que estas causas, por ejemplo, sigan durmiendo el sueño de los justos.
A Jaime Franco (narco, que montó laboratorio de drogas en Tacumbú) le imputaron cuatro años después de que entramos al laboratorio de drogas; y la parte de las drogas sigue sin la imputación. Hay un montón de procesos que se justificarían si uno ve algún atisbo de investigación y voluntad de avanzar, pero acá no vemos nada. Creo que estamos en un porcentaje importante, y con un elemento mucho más grave que es buscar acallar las voces disidentes, ya sean medios, personas de la sociedad civil, personas que denuncian públicamente irregularidades, desde su rol de abogado o de lo que fuere, o el funcionario echado de su trabajo, sumariado, destituido. Llegamos al punto de tener personas expulsadas de su partido político por hacer estas denuncias. Estamos en el camino hacia una dictadura del crimen organizado El poder político tiene que ser el freno. El Estado tiene que serlo. El problema no es el delincuente o el que dirige la banda. Si el crimen organizado avanza es porque el Estado no le pone un coto.
–¿Hace algún tiempo se instaló en las redes que Cecilia Pérez entregó las cárceles a los narcos y que durante el anterior gobierno se permitió que el narcotráfico permeara el Estado ¿Qué dice al respeto?
–Es el mismo discurso que se comenzó a usar ya cuando yo estaba como candidata para la Fiscalía General. O sea, son las mismas personas que también me hicieron ataques personales. Por eso en su momento denuncié que cuando te buscan la vuelta y no te encuentran y sos mujer, viene el ataque personal a tu vida privada, te adjudican amantes o lo que fuere. O hacen lo que le hicieron a la concejal de Luque: Le fabricaron audios falsos sobre su supuesta vida privada.
Pero tienen que saber que hubo discusiones que se dieron sobre ese tema en particular (intervención a cárceles, narcotráfico) en el Codena (Consejo Nacional de Defensa) Y este también es un mensaje para esas personas. Yo no puedo divulgar, pero pregunten quién fue la persona que se opuso a que se haga un operativo importante en Tacumbú cuando el problema era mucho menor en este centro de reclusión.
–¿Quién fue?
-Pregunten quién se opuso y quién generó una fuerte discusión sobre ese tema, oponiéndose. Yo no puedo revelar porque la información de esa discusión es reservada. Pero pregunten y van a ver.
–¿Incomoda al establishment que hoy como abogada de la viuda del fiscal Marcelo Pecci insista en la inoperancia de la Fiscalía General en la investigación sobre los responsables intelectuales del crimen del fiscal, y también esté llevando el caso de Mauricio Espínola, en la causa por presunta filtración de documentos confidenciales de Inteligencia para desprestigiar a Horacio Cartes?
–Categóricamente. Por supuesto que molesta que se expongan las irregularidades. Yo volví y me banqué que, aunque no haga política partidaria, se me adjudique ser del equipo anterior, que resultó perdedor en las elecciones generales del 2023 y que está enfrentado hasta hoy día con el gobierno de turno. Ellos me pusieron donde yo estoy hoy, no yo. No voy a dejar de reclamar las irregularidades ni voy a dejar de reclamar en nombre de mi clienta y de su hijo que se haga justicia en el caso Pecci. No me voy a callar si se generan circunstancias que violentan a otras mujeres como el caso de Zully Rolón (Senad). Ni en el caso de Mauricio Espínola, quien fue mi compañero de trabajo cuando yo estuve en la Presidencia. En el caso de que se le involucra a él las irregularidades jurídicas, fácticas y la construcción de esa causa son aberrantes. Es notable como se dio y como el sistema de la Fiscalía General la minimiza con el mismo discurso que el sistema político del gobierno de turno lo hace diciendo que es normal que abogados hablen con los fiscales (alude a los chats entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar). El problema no está en que uno hable con el fiscal, sino que este funja de secretario del abogado del denunciante, y que fabrique una causa con este. Porque en esos chats se comprobó puntualmente con las actuaciones de que inclusive se cambiaron testimoniales porque al abogado del denunciante no le gustaba el contenido o no se escribió todo lo que se necesitaba escribir para que se le haga decir a los testigos lo que era necesario. Y prueba de ello es que se cambió de fiscales y los nuevos fiscales hasta ahora no produjeron ninguna sola diligencia más, ni siquiera la que nosotros como defensa pedimos, porque esa causa está contaminada, y nadie quiere cargar con el muerto ajeno.
Sumemos la inusitada velocidad con la que se desestima la denuncia que nosotros formulamos y no se investiga con tanto interés ni se anda detrás de otros elementos como el caso del teléfono del fiscal Aldo Cantero. Le fueron a pedir en los pasillos de la Fiscalía que entregue voluntariamente, cuando lo que correspondía era que consiga una orden judicial y que si no entregaba, se le allanara su oficina y su casa de ser necesario. Ni siquiera hicieron la diligencia procesal necesaria. El interés era no conseguir ese teléfono.
Hasta a Pedro Ovelar se le perdonó porque él es abogado y tiene confidencialidad en las conversaciones con sus clientes, y no se le pidió su teléfono en esa denuncia.
