A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Paraguay señaló que la decisión atenta contra el legítimo derecho de Israel a defenderse.
“El Paraguay rechaza enérgicamente la instrumentalización política del derecho internacional y considera que esta decisión compromete la legitimidad de la Corte, además de debilitar los esfuerzos por la paz, la seguridad y la estabilidad en Medio Oriente”, indicó.
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El Gobierno de la República del Paraguay lamenta la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Esta decisión atenta contra el legítimo derecho de Israel a…
— Ministerio de Relaciones Exteriores (@mreparaguay) November 21, 2024
No es la primera vez que Paraguay sale en defensa de Israel, incluso había votado en contra del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza en una votación de la ONU, junto a Estados Unidos, que financia la guerra.
Así también, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que es arbitraria e injusta la decisión de la Corte Penal Internacional al emitir una orden de captura contra el primer ministro de Israel, “igualando a un estadista que defiende a su pueblo con los terroristas que lo atacan”.
“Es un recordatorio más de la grave crisis por la que están atravesando los organismos multilaterales. Nuestra solidaridad con la hermana nación de Israel y con su primer ministro”, aseguró Latorre, quien forma parte del movimiento Honor Colorado, cuyo líder, Horacio Cartes, al igual que el actual mandatario Peña, decidieron mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, territorio en conflicto.
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Órdenes de detención
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.
Los jueces también aprobaron la orden de arresto contra Mohammed Deif, un alto cargo de Hamás considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí el pasado junio contra la Franja. Aunque ese fallecimiento nunca fue confirmado por el grupo islamista, ni tampoco le ha sido posible hacerlo a la Fiscalía del tribunal.
Con esto, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.
El Gobierno israelí también había exigido a los jueces que detuvieran “cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto”, otra petición rechazada por los magistrados.
“No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que esta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente”, advirtió la Sala.
Consideró, además, que los Estados “no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación de Israel es prematura”, dijo.
En este sentido, los jueces aprobaron las órdenes de arresto solicitadas el pasado 20 de mayo por el fiscal contra Netanyahu y Gallant como “responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra, de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.
Además, también se les considera responsables como “superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil” en la Franja de Gaza.
“La Sala concluyó que ambos privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Este bloqueo tuvo graves consecuencias, incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación”, añadió la CPI.
En el caso del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Khan había pedido el arresto del entonces líder Yahya Sinwar; el jefe del ala militar, Mohammed Deif; y su buró político, Ismail Haniyeh. La acusación incluye seis crímenes de guerra, como la toma de rehenes y actos de violencia sexual, y cinco de lesa humanidad, incluidos exterminio y asesinatos.
Sin embargo, y desde que el fiscal solicitó su arresto, Haniyeh murió en un ataque en Teherán en julio y su heredero, Sinwar, corrió el mismo destino en otro ataque de Israel en Gaza el mes pasado, por lo que Khan retiró su solicitud al considerar confirmado su fallecimiento.
Con respecto a Deif, la Fiscalía indicó que continuaría recabando información sobre “su supuesta muerte”.
“El 15 de noviembre de 2024, la Fiscalía, basándose en información de las autoridades israelíes y palestinas, informó a la Sala de que no puede determinar si Deif ha fallecido o sigue vivo. Por lo tanto, la Sala emite la presente orden de arresto”, señalaron los jueces.
