Hace diez años, el número de personas jóvenes en el país alcanzaba cifras impresionantes, al menos el 56% de la población tenía menos de 30 años. A ese fenómeno se le denomina bono demográfico y fue una gran oportunidad, ya que el porcentaje de población en edad de trabajar y producir era mucho mayor al porcentaje de población considerada dependiente: niños y adultos mayores.
Ese tren sin embargo para el Paraguay ya partió. Diversos gobiernos han desaprovechado el potencial de nuestro bono demográfico y, al no haber desarrollado las necesarias políticas públicas nos están condenando a ser un país en el que ni adolescentes ni jóvenes tienen alternativas, porque aquí no hay lugar para ellos.
Los gobernantes deberían haber construido oportunidades a fin de crear las condiciones que nos condujeran al desarrollo y crear políticas para enfrentar los grandes déficits en educación, salud y empleo. Esas políticas públicas, con programas específicos que promuevan la inversión en la adolescencia y la juventud, harían posible que esta población adquiera las herramientas necesarias para incidir en el desarrollo del país.
De acuerdo con datos oficiales, la pirámide poblacional de Paraguay ha cambiado en los últimos 20 años, mostrando una disminución de la participación de la población menor a 14 años y un incremento sustancial en los grupos etarios con edad de trabajar y en el segmento correspondiente a las mayores de 60 años.
Un fundamental rubro que no fue resuelto es el acceso a la educación. En este sentido, el bajo nivel educativo de la población adulta (25 años o más) es un obstáculo para una trayectoria sostenida hacia el desarrollo. Los datos del INE (2021) muestran que en 20 años apenas pasamos de 6,6 años promedio de estudio a 9 años promedio de estudio, con un estancamiento en las mejoras en los últimos años. Apenas poco más del 50% de los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad asisten a una institución de enseñanza formal y la asistencia es mayor en zonas urbanas por encima de las rurales.
Uno de los principales motivos para la exclusión escolar es la pobreza, aunque actualmente se suman otros factores que son sumamente graves, como lo es el aumento del consumo de drogas, asociado al aumento del microtráfico, todo lo que al final contribuye con la situación de inseguridad que vive el país y que las autoridades no pueden resolver.
Sin educación y en un país en crisis, los jóvenes solamente pueden acceder a empleos precarios, pues sin una mínima formación se reducen sus posibilidades de contar con un trabajo decente en su adultez, lo que equivale a una vida sin seguridad social y con demasiadas probabilidades de permanecer en la pobreza.
Los adolescentes y los jóvenes no solamente no pueden estudiar ni formarse para aspirar a tener mejor calidad de vida y contribuir al desarrollo, de la misma manera carecen por completo de las oportunidades para tener una vida saludable, acceder a la cultura o practicar deportes, pues la desigualdad hace que unos pocos privilegiados puedan hacerlo, y porque el Estado no trabajó en políticas públicas que hagan accesibles la cultura y el deporte a toda la población.
Nuestra realidad nos muestra que se ha perdido tiempo importante para formular las políticas públicas necesarias para promover el potencial de la población joven. Sin políticas y sin inversión los jóvenes no podrán asumir su protagonismo y contribuir al desarrollo del país ni ser el factor de cambio que necesitamos. Sin cambios urgentes, los jóvenes a los que se les niegan derechos a salud, educación, seguridad, empleo, pasarán a conformar nuestra vergonzosa estadística de pobreza y desigualdad.
