@marthegarza
Eduardo Fabián Caparrós, experto en temas de delincuencia económica y crimen organizado, conversó con ÚH sobre la situación de Paraguay ante el próximo examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el que se medirá la efectividad del país en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Reconoció que los últimos acontecimientos políticos repercuten de manera negativa; específicamente, se refirió a la reciente renuncia de María Epifanía González al cargo de ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), quien fue reemplazada por el ex fiscal Carlos Arregui.
–¿Cómo será el proceso de evaluación de Gafilat en los próximos meses?
–Gafi y los diferentes organismos regionales, como es el caso de Gafilat, tiene un sistema de evaluación entre pares, periódico, para comprobar si se cumplen las 40 recomendaciones que en su versión actual son del año 2012, con una pequeña reforma en el año 2016. Paraguay lleva unos cuantos años en esas sucesivas revisiones, un poco al borde del abismo. Entre el 2005 y el 2008 ha habido un periodo en el que fue incorporado, conforme a esas evaluaciones, en la llamada lista gris; fue levantada después de un seguimiento intensificado que se practicó, se consiguió en ese momento no tanto porque se hubieran realizado algunos avances, sino sobre todo que se estaba en camino de ejecutarlos. Ahora ha llegado el momento de hacer una nueva evaluación cuyo proceso ha empezado ya, Paraguay está llenando sus cuestionarios, las autoevaluaciones, que serán vistas por los expertos enviados por Gafilat; dentro de muy poquito, en unas semanas, llegarán los hombres y mujeres “de negro”, serán los que hagan las evaluaciones in situ y las entrevistas. A partir de ahí, después de un largo proceso de estudio del material con el que cuenten, en diciembre de 2020 habrá un veredicto final.
–¿Qué avances y retrocesos ha experimentado Paraguay en el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo?
–Es verdad que Paraguay se ha enfrentado en los tiempos recientes a problemas quizás sobrevenidos. Parecía que el camino era bastante bueno, que la progresión era correcta; casi de forma contemporánea al levantamiento de esa lista gris, por parte de la Presidencia se dictó un decreto previendo la organización de una serie de medidas orientadas a salir definitivamente de esa lista gris e incorporarse al resto de países que tienen un cumplimiento alto de las 40 recomendaciones. Existen esos proyectos, el problema es que muchos, por diferentes circunstancias, no han podido ser llevados a cabo. Se ha hecho, por ejemplo, la tipificación de la financiación del terrorismo, lo que se refiere a recuperación de activos, congelación de activos, pero quedan cosas pendientes como la propia definición del delito, el reforzamiento de las medidas de prevención administrativa, tener bien claro qué es lo que se va a hacer con las personas jurídicas, si va a haber responsabilidad penal o no, una serie de cosas por las que Gafi lógicamente va a preguntar.
–¿Cómo afectan los vaivenes políticos a la imagen del país y qué impacto pueden tener en los resultados del examen de Gafilat?
–Se han añadido algunas circunstancias complementarias, casuales, pero que tampoco ayudan. Por ejemplo, la sustitución en la cabeza de Seprelad, forzada por las circunstancias, y con independencia de la valía de unos y de otros, porque la institución permanece, lo importante es que ese tipo de cambios tampoco favorecen a la continuidad. El nuevo responsable, en los últimos tiempos, en declaraciones a la prensa, reconocía que no iba a haber tiempo para terminar todos los proyectos. Son cuestiones que no ayudan a ser especialmente optimistas, no digo ni mucho menos que haya que ser pesimistas, pero que uno se presenta al examen con la garantía de aprobarlo, por decirlo en términos estudiantiles.
–¿Qué ajustes debe realizar Paraguay para aprobar la evaluación de Gafilat y no retornar a la lista gris?
–Tenemos todavía un montón de meses de evaluación y la posibilidad de hacer mejoras. Por ejemplo, en la definición del tipo a la hora de decir qué es lo que se castiga, parece que hay una cierta confusión entre lo que son los actos de lavado y lo que son los actos de ocultamiento o dificultamiento a las autoridades a la incautación de bienes, que son cosas relacionadas, pero son distintas, los convenios internacionales los abordan de manera diferente. Algo que se debería mejorar, y sería muy fácil con una reforma legal sencilla, es ampliar el ámbito de los delitos previos. El lavado de activos es un delito muy especial, es un delito sobre delito, se trata de lavar aquello que procede de otro delito que se ha cometido antes y en este momento la legislación paraguaya, como otras, tiene una relación muy larga de delitos, lo que quiere decir por exclusión que si los bienes procedentes de delitos no están en esa lista, eso no es lavado.
–¿Cómo incide el alto grado de informalidad de la economía paraguaya en su exposición a la comisión de casos de lavado de dinero?
–El lavado es autónomo porque implica consecuencias económicas y son consecuencias que pueden ser de especial gravedad en un país como Paraguay, porque se trata de un país en el que la proporción de economía informal es muy alta. Siendo tan alta, hay mucha riqueza que flota, de la que la gran ciudadanía no es partícipe, no está sometida a fiscalización, no está sometida a control, es un campo de cultivo especialmente propicio para este tipo de conductas e incluso, en última instancia, para que grupos no legítimos, ya no digo grupos criminales, incluso digo lobbies o poderes fácticos, sean los que en términos prácticos sean soberanos, más que la nación o el Estado. Eso siempre es un problema.
–¿Cómo debe abordar el país la propuesta de tipificación de la evasión tributaria como delito precedente de lavado de dinero?
–A lo mejor la conceptualización, la forma de ver el fraude fiscal, debería de cambiar un poco y eso tendría muchas consecuencias en el ámbito del lavado. El fraude fiscal debe ser delito, no es lo mismo que sea ilegal a que sea delito, el delito son las ilegalidades de especial crudeza, de hechos especialmente graves. Cuando se trata de un fraude fiscal de verdadera importancia, el mejor criterio, el más práctico, el más útil, el más claro, el que da lugar a menos errores y el más justo, es el de aplicar cuotas. El Estado, el legislador, tendrá que decidirlo: cuando el fraude fiscal es a partir de tanto, que sea delito y si no, que se quede en el ámbito administrativo.
Perfil profesional
Eduardo Fabián Caparrós es doctor por la Universidad de Salamanca, España, y profesor titular de Derecho Penal de su Facultad de Derecho. Es consultor internacional de la OEA y las NNUU, y experto convocado por la OCDE para el seguimiento de su programa anticorrupción. Autor de diversos trabajos sobre delincuencia económica.
