Con una amplia comitiva de funcionarios responsables de derechos humanos y de la parte jurídica de varias instituciones del Estado, Paraguay responderá hoy y mañana sobre varias cuestiones requeridas por los expertos del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Paraguay, como Estado parte, cumplió en presentar por escrito, el Cuarto Informe Periódico ante el comité, y en el diálogo que mantendrán los funcionarios de distintas dependencias del Estado con los expertos de este organismo, ampliarán información sobre temas como la situación de las personas privadas de libertad, las medidas legislativas y de otra índole, adoptadas para luchar contra la discriminación, la participación de las mujeres en la vida política, pública, en el sector privado y en el ámbito laboral.
Además, sobre lo que ha hecho el Estado para poner fin a la trata de personas; la explotación económica de los niños y niñas, el aborto, los servicios de salud reproductiva, accesibles para todas las mujeres y adolescentes, los derechos de los pueblos indígenas, las trabajadoras domésticas, entre otros puntos.
Además del informe oficial, organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay, Codehupy y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, presentaron informes alternativos sobre los mismos puntos requeridos por el comité.
En tal sentido, sobre la situación penitenciaria del país, el Mecanismo resaltó en el escrito enviado al organismo de la ONU , que ha constatado los prolongados promedios de duración de la prisión preventiva en el conjunto del sistema penitenciario y situaciones generalizadas de abuso de la prisión preventiva, afectando tanto a mujeres como a hombres. “El Estado paraguayo sostiene una política criminal basada en el uso desproporcionado de la prisión preventiva. Esta política se instrumentaliza, entre otros factores, mediante la adopción de leyes de emergencia de carácter regresivo”, sostiene.
En el conjunto del sistema penitenciario del Estado paraguayo, resalta el Mecanismo; las condiciones de infraestructura están deterioradas. Al hacinamiento existente, suman problemas de acceso al agua potable, sistema eléctrico y otros, y no se aplica la separación entre personas privadas de libertad, condenadas y procesadas..
